Estados Unidos
Hagamos la diferencia
El país, secuestrado por los abogados
Cuando el derecho deja de servir a la justicia
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Durante décadas se nos ha hecho creer que, mientras más abogados participen en la vida pública, más sólida será la democracia. Sin embargo, la realidad guatemalteca parece demostrar exactamente lo contrario. Hoy, buena parte de las decisiones trascendentales del país están concentradas en manos de juristas: el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las comisiones de postulación y una enorme red de asesores legales que orbitan alrededor de los poderes político y económico.
Guatemala entregó el destino de sus decisiones importantes a una élite jurídica que domina las instituciones, controla los procesos y convierte la ley en un instrumento de poder más que de justicia.
El problema no es la existencia del derecho ni la importancia de las leyes. Toda sociedad necesita normas. El problema aparece cuando la lógica jurídica sustituye al sentido común, al desarrollo, a la productividad y a la búsqueda genuina del bien común. Guatemala se ha convertido en un país donde pareciera que todo puede detenerse con un amparo, retrasarse con una apelación o manipularse mediante interpretaciones legales diseñadas para proteger intereses particulares.
Mientras otros profesionales producen alimentos, tecnología, infraestructura, conocimiento científico o innovación, gran parte de nuestra élite jurídica se dedica a administrar conflictos, redactar obstáculos y construir entramados burocráticos que muchas veces paralizan al país. El agricultor produce alimentos, el ingeniero construye infraestructura, el médico salva vidas, el científico genera conocimiento. Pero demasiados abogados han encontrado su nicho en la confrontación interminable y en la explotación de la desconfianza humana.
La profesión jurídica nació precisamente de eso: de la incapacidad de los seres humanos para confiar unos en otros. Y aunque el derecho cumple una función indispensable en cualquier civilización, cuando una sociedad queda excesivamente dominada por abogados, corre el riesgo de ahogarse en trámites, tecnicismos y disputas interminables.
En Guatemala, esto resulta evidente. Las comisiones de postulación, que deberían ser espacios técnicos y transparentes, muchas veces terminan convertidas en escenarios de negociación política disfrazada de legalidad. Se habla de méritos, pero frecuentemente prevalecen las alianzas, los pactos y los intereses ocultos. La ley deja entonces de ser un instrumento de justicia para convertirse en un arma de control.
El país vive atrapado en un círculo donde casi todo termina judicializado. Las decisiones políticas, administrativas y hasta sociales dependen de interpretaciones legales que cambian según quién tenga más influencia. No se resuelven los problemas de fondo; simplemente se trasladan a expedientes, recursos y litigios que consumen años mientras Guatemala continúa retrocediendo.
Resulta paradójico que una nación con tantos abogados siga siendo profundamente injusta. Tenemos abundancia de leyes, pero escasez de justicia. Tenemos códigos, reglamentos y procedimientos interminables, pero seguimos sin resolver problemas esenciales como la pobreza, la corrupción, la desnutrición o el abandono del área rural. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos si hemos entregado demasiado poder a una visión excesivamente legalista del país. Guatemala necesita más científicos, más educadores, más ingenieros, más investigadores, más emprendedores y más personas capaces de construir soluciones concretas. Necesitamos instituciones donde prevalezcan la ética y la capacidad técnica, no únicamente la habilidad de interpretar vacíos legales.
No se trata de atacar a todos los abogados. Existen juristas honorables y comprometidos con la justicia. Pero sí debemos cuestionar un sistema donde una pequeña élite jurídica parece controlar las decisiones nacionales, muchas veces lejos de las verdaderas necesidades de la población.
Un país no progresa únicamente porque tenga más leyes. Progresa cuando sus ciudadanos producen, innovan, construyen y generan confianza. Y quizás el mayor síntoma de nuestra crisis es precisamente ese: vivimos en una sociedad donde la desconfianza se volvió tan grande que terminamos entregando el destino de la Nación a quienes han aprendido a administrarla como negocio y como poder.
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