¿Cui bono? Es una frase del latín que significa ¿quién se beneficia? Es pregunta de rigor en la investigación de un hecho criminal, pues puede contribuir a identificar el motivo y actores detrás de la acción que se investiga. La pregunta es atingente con relación a la declaración de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., sobre Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala. Presumo que la declaración del secretario Blinken tiene algún propósito, pero no encuentro relación alguna entre lo que declara y la intención que manifiesta. No defiendo ni ataco a Consuelo Porras, cuestiono si la declaración de Blinken sirve el objetivo que propone. Al afirmar que se hace A porque conduce a B, es legítimo cuestionar si A es causal de B. La jerigonza burocrática y política es particularmente propensa a adjudicar resultados o efectos a sus planes y acciones, sin que exista relación causal entre ellas.

El comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE. UU., el pasado 20 de septiembre, propone que “los Estados Unidos está comprometido con apoyar a los pueblos del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de Derecho y la cuentadancia, que son las llaves para un futuro más brillante” (traducción propia). Esta es una noble aspiración. Continúa: “Para avanzar esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de los Estados Unidos de actores corruptos y no democráticos… estas designaciones responden a acciones recientes que socavan la democracia y obstruyen la investigación de la corrupción”. Este es un proceso administrativo, una lista que el secretario Blinken traslada al Congreso de EE. UU., que detalla “ataques contra la democracia y medidas anticorrupción”. Es una acusación que no requiere prueba, evidencia o testigos, no hay derecho de defensa ni se escucha al acusado; es decir, no hay debido proceso.

El comunicado aludido afirma que la fiscal general de Guatemala ha obstruido investigaciones sobre actos de corrupción, que su “patrón de obstrucción” incluye “ignorar casos en base a consideraciones políticas” y haber despedido a Juan Francisco Sandoval. Evidentemente, el Departamento de Estado escucha las acusaciones que canta Sandoval, su “testigo protegido”, sin indicar si ha escuchado a la acusada.

En su párrafo final, el comunicado propone que Estados Unidos “continuará usando las herramientas a su disposición para promover la cuentadancia por ataques contra las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica” y en otra exhibición de realismo mágico, propone que esto es para “abordar las causas de raíz de la migración irregular”. Non sequitur.

Es válido cuestionar si los intereses del Departamento de Estado y sus funcionarios están alineados con los intereses de Guatemala, o si tan siquiera los entienden. ¿Qué fin persigue el Departamento de Estado con poner a Consuelo Porras en la lista Engel? Con toda seguridad no consigue los objetivos que manifiesta y no detendrá a un solo migrante irregular. Por el contrario, es una intervención política estrictamente desestabilizadora que mina la institucionalidad, atiza el hormiguero sin ofrecer propuestas concretas o visión de resultado. Hay que suponer que a nadie se le ha ocurrido que Sandoval y asociados tengan sus propios intereses y agenda. ¿Cui bono?

Quizás halla motivos por los que debiera renunciar Consuelo Porras o por los que deba ser removida del cargo; la agenda del Departamento de Estado y sus funcionarios no es uno de ellos. ¿Debe renunciar porque Antony Blinken dice que es corrupta? No lo creo, sería antidemocrático.