Si a un periodista alguien lo agrede en una discusión de tragos acerca de futbol, no es un atentado contra la ley de emisión del pensamiento. Si un militar es condenado por un juzgado de familia, tampoco es una decisión antimilitarista. Si un clérigo es condenado por asesinato, no constituye ninguna acción contra la religión. Ni los periodistas, ni los militares, ni los clérigos, pueden considerar violados sus derechos humanos o sentirse perseguidos cuando tienen problemas legales y los jueces y fiscales cumplen con su tarea. Quien lo invoca quedaría en ridículo y recibiría rechazo total porque se trataría de una evidente forma de burla de la ley. Es un búmeran siniestro para quien acepta de sus abogados la sugerencia de un retorcimiento semejante.

Increíblemente, la jueza Sabrina Salazar ordenó a Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, abstenerse de realizar cualquier acción “que perturbe o intimide” a la candidata Sandra Torres, aceptada muy curiosamente por el Tribunal Supremo, y también de hecho apoyada por el Ministerio Público, cuya jefa, María Consuelo Porras, sin duda alguna no entiende, o no quiere hacerlo, las consecuencias para su propia imagen y su carrera profesional, al permitir el inicio de acciones legales, también curiosamente un día después de la entrega a la aspirante acusada de sus credenciales como candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ya son demasiadas coincidencias en beneficio de quien fue presidenta de facto en el gobierno de Colom.

Lo peor de esta resolución son sus posibles consecuencias. No se podrá criticar por ninguna razón a cualquier mujer, porque su salida será lanzar una acusación de femicidio para defenderse. En una lucha política, la decisión permite, además, eliminar las críticas, válidas por tratarse de una candidata. Pero también ese artilugio le causa enorme daño a la válida lucha de la mujer guatemalteca por lograr formas legales de castigar los maltratos físicos o psicológicos del machismo, por desgracia tan arraigado. Daña también a las abogadas y a las juezas. Mucho se ha dicho y escrito sobre la parcialidad de los criterios de ellas cuando juzgan a los varones y, en general, afecta el concepto y la validez de dicha ley. Las mujeres políticas están sujetas a la rudeza de las luchas electorales.

Sandra Torres está en problemas. Ya es pública su conversación con Gustavo Alejos sobre donaciones ilegales en el 2015. Es rechazada mayoritariamente en el área metropolitana y los centros urbanos. Circulan sus acciones rudas a preguntas de periodistas, y las amenazas con armas de sus seguidores, todo ello filmado. Dentro de esa catástrofe para sus caprichos políticos, decidió tocar la puerta de la OEA, gracias a las influencias de su candidato vicepresidencial, Carlos Raúl Morales, y logró no solo una visita con el Secretario General, Luis Almagro, quien en forma arrebatada acusó por la vía redes sociales a la Cicig de influir en las elecciones guatemaltecas, con lo cual descalificó de hecho a la similar entidad internacional de Honduras, avalada por ese organismo.

Acerca del vicepresidenciable, se debe recordar su insistencia en realizar el carísimo referéndum sobre Belice, inútil porque, como se esperaba, ese país, a través de una orden de juez, eliminó la consulta popular allí. No se trata de defender o atacar a la Cicig, sino de tomar en cuenta un hecho claro: Sandra Torres se encuentra en lugar preferente de personas en lista de espera de acciones legales por corrupción, financiamiento ilícito y demás delitos político-electorales. Por eso las declaraciones de Almagro le vienen como anillo al dedo, pero no justifican ni aseguran en manera alguna el aumento de sus votos favorables, sino todo lo contrario. En resumen, las candidaturas de las tres aspirantes aún se encuentran en la cola de un venado, como dice el refrán.