A nadie debe causar sorpresa alguna la incipiente lucha para borrar la prohibición del transfuguismo, vigente desde hace cinco años en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Desde la perspectiva idiomática, tránsfuga es quien “se pasa de una ideología a otra”. No es necesariamente reprochable, pero en Guatemala, donde los “partidos” no tienen ideología clara, dicho término se ha convertido el sinónimo de “chapulinismo”, porque los politiqueros saltan por encima de ellos. Esta realidad explica la prohibición, pero tiene el efecto negativo de dejar a los integrantes de esos grupos en las manos de los dictatoriales propietarios de los partidos. Debido a ello, una posible solución sería limitar a dos las posibilidades de alguien de cambiar de bando político.

Este tema se parece al de la reelección. No es mala, pero debe ser limitada a un período adicional, ya sea al final del mandato o cuando hayan pasado otros períodos. En Guatemala las circunstancias históricas actuales obligan a prohibirla, lo cual ocurre también con el transfuguismo, en parte debido a la gran facilidad de crear partidos, aunque las condiciones sean largas, tediosas y se presten a convencer a ingenuos acerca de sus supuestas cualidades para “salvar al país”. La constante repetición de figuras ya conocidas por sus acciones oscuras, pero con un partido nuevo, es una de las causas del desprestigio de la vida política nacional y del poco deseo por participar entre personas con prestigio.

Las discusiones en el parlamento para lograr este retroceso anticipan cómo serán de complejas las demás discusiones relativas a los cambios tan urgentes en este ente, en la actualidad sujeto al escrutinio de los sectores interesados en retomar el concepto y la práctica y de comicios no solo representativos de la voluntad popular, sino realizados gracias a marcos legales respetuosos, garantes de la práctica basada en lógica y en espíritu legal, de quienes desean participar en alguna justa electoral próxima. En este momento, es imposible negar la preocupación porque el árbitro electoral retorne a la credibilidad gozada en otros tiempos y ahora desaparecida sobre todo a causa de los propios partidos. El tiempo está en contra y la discusión general debe estar abierta desde ya.

Los acontecimientos de Nicaragua, donde se afianzó en forma descarada la dictadura ortega-murillista, tienen entre sus muchos efectos colaterales el inicio de las sugerencias de cambios a la LEPP chapina. Deben ser consensuados internamente por las entidades aglutinadoras de los sectores económicos, académicos, laborales, e incluso religiosos, cuyo papel debe circunscribirse a presentar criterios de corrección y de ética, no de recomendaciones para la afiliación a ninguna corriente ideológica ni económica. La sociedad civil real, no solo la autodenominada, tiene la obligación de hacer escuchar su voz y ejercer un papel de asesoría para lograr la garantía de los derechos ciudadanos en cualquiera de sus manifestaciones, así como la igualdad real ante la ley.

A quienes no quieran interesarse por poner de su parte, se les debe recordar cómo los primeros tribunales en esta materia fueron fundamentales para despertar la confianza ciudadana en los resultados, pero esto cambió u ocuparon los puestos personas en apariencia —al menos— poco preocupadas por mantener el prestigio del TSE. Terminar con la desconfianza popular acerca de esta entidad es elemento crucial y esto es imposible al no haber demostraciones directas e imposibles de dudar acerca de la independencia y el beneficio popular. En un proceso cuyo inicio será en serio dentro de un año, la multiplicidad de contendientes y de signos partidarios aumentará la dificultad.