El hecho de que la viabilidad de cuatro candidaturas presidenciales, a un mes de las elecciones, dependa de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), dice mucho de la falta de integridad y certeza jurídica en el país. Es un reflejo del desorden institucional que permea en diferentes ámbitos, que amedrenta la paz social y frena el desarrollo y progreso de Guatemala. Por una parte, el andamiaje de leyes, regulaciones y procesos no son capaces de filtrar oportunamente caso y circunstancia, de manera que terminan por llegar rápidamente a esta última instancia de resguardo institucional. Por otra, no es posible, con la ley en la mano, predecir cómo actuará la CC, que ha mostrado dejarse acarrear por consideraciones políticas o, a ojos de los magistrados, la conveniencia coyuntural. La CC se ha convertido en un gran embudo, una suerte de cuello de botella de discrecionalidad jurídica.

Un ámbito especialmente accidentado por la falta de certeza jurídica es la inversión, factor indispensable para la creación de empleo productivo y principal agente del progreso y desarrollo. Como ha sido ampliamente señalado, cada año aproximadamente 180 a 200 mil personas ingresan al mercado laboral, oferta de trabajadores, mientras que la economía solamente crea 20 a 40 mil puestos de trabajo formal, demanda de trabajadores. El efecto es acumulativo. Esto puede verse como un déficit de empleos, pero en realidad es un déficit de inversión, único fenómeno que crea demanda sostenible de trabajadores.

A la falta de certeza jurídica en la lista de culpables de los bajos niveles de inversión debe agregarse otros factores como la rigidez de las leyes laborales y la carencia de buena infraestructura. Guatemala no puede apalancar su envidiable posición geográfica y condiciones naturales, sin puertos con capacidad y tecnología de punta en ambos mares, un canal seco o ferroviario que los una y carreteras modernas que formen una red comercial productiva de todo el país. ¿Es que esto no es obvio y realizable sin mordidas ni movidas?

La inversión extranjera directa en el país alcanzó su pico en el 2014, con US$1,388.7 millones, que ha venido disminuyendo anualmente a tal punto que en el 2018 bajó a US$1,031.5, una disminución de 35%. No vamos para adelante, sino para atrás. El actuar de la guerrilla jurídica y las cortes contra la Mina San Rafael y otros casos emblemáticos le han causado un enorme daño al país, que costará mucho reparar. El mensaje al inversionista extranjero y doméstico es que en Guatemala se invierte con todos los permisos y autorizaciones y basta con que un par de oenegés plantee amparos para que los tribunales y cortes pongan en jaque inversiones millonarias, destruyendo empleos, causando cuantiosas pérdidas y minando la confianza en el ambiente de negocios. Si Guatemala tuviera monopolio como destino de inversión esto no tendría consecuencia, pero competimos con el resto del mundo.

El tren del progreso ya salió y no estamos a bordo, más bien caminando en dirección contraria. El progreso no se consigue con lamentos sobre la desigualdad, la agitación de la conflictividad social, promoción de la política de identidad, la ideología de lucha de clases y viendo en quien produce un enemigo.

La masiva migración de guatemaltecos al norte destella grandes lecciones y una de ellas es que la gente quiere vivir en una sociedad donde se puede superar con su trabajo y esfuerzo. Una sociedad así requiere de manera indispensable certeza jurídica para la inversión y una actitud amigable hacia la producción. Esta no es Guatemala, pero podría serlo.

fritzmthomas@gmail.com