El Tribunal Supremo Electoral es una entidad estatal en este momento competidora de los últimos lugares en la credibilidad y respeto ciudadanos, como consecuencia de las numerosas decisiones inexplicables tomadas en los últimos períodos. Un ejemplo claro es haber permitido la participación electoral de Sandra Torres en las últimas elecciones, lo cual obligó a los ciudadanos conscientes a votar por Alejandro Giammatei, con la esperanza fallida de llevar al poder a alguien cuyas promesas se las llevó el viento, como ocurrió sobre todo con su predecesor. El lunes decidió otorgarle a varios de los remedos de partidos políticos, unos ya cancelados y otros a punto, un extraño plazo adicional hasta el 30 de noviembre para no enviarlos al cementerio político del país.

En efecto, los partidos señalados, a los cuales agrego cuántos expedientes en su contra hay abiertos, fueron UNE (7), UCN (4), Viva, PAN, FCN-Nación y Creo. El TSE, por alguna extraña, ininteligible e injustificable razón, se abstuvo de decir una sola palabra de grupúsculo llamado Todos, con seis expedientes abiertos desde hace muchos meses. Sus mandamases, los hermanos Alejos, tienen una trayectoria en la política cuestionable y vergonzosa. Eso no tiene explicación, sobre todo si se conoce cuántos expedientes en su contra tienen las demás agrupaciones mencionadas. Otra decisión causante de sospechas es haber dividido entre los magistrados a esos partidos, en vez de hacerlo por medio del pleno. Huele mal, sin duda, y aumenta el desprestigio.

Desde 1984 se decidió reducir el número mínimo de afiliados para fundar un partido, con el fin de facilitar la participación ciudadana, pero en la realidad el desinterés por hacerlo permitió a los viejos políticos chanchulleros crear agrupaciones con propósitos electoreros. La mayoría no pudo superar el valladar de las elecciones al carecer del 5 por ciento de votos y no lograr siquiera un diputado electo. Recuerdo un caso risible: el único diputado de un partido, por lo cual este no desapareció, que era por tanto el “jefe de bancada”, y su presencia en una reunión era una “asamblea totalitaria”. Para colmo, facilitaba y abarataba la compraventa de votos. Se facilitaron las vergonzosas alianzas con grupos de la peor politiquería, como lo ejemplifican el presidente actual y el anterior.

El naufragio legal de un partido deja sin salvavidas a los diputados y eso significa quedar fuera de la junta directiva, presidir comisiones o cambiarse de partido, porque la UNE insistió en la legislación anterior de eliminar esa posibilidad. Por supuesto, Sandra Torres les ordenó a sus esbirros votar así, para dejar fuera del juego a quienes se le enfrentaban en su papel de dueña y señora del grupo, pero le salió el tiro por la culata. Ahora, un análisis simple permite analizar su disposición a quedarse quieta para evitar la desaparición uneísta con tal de hundir a quienes se le oponen y quedar libre para crear otro grupúsculo politiquero. La totalidad de los diputados en peligro de quedar a la deriva es de 87, de los 160 integrantes del Congreso.

El grupúsculo Todos es uno de los merecedores de la depuración, pero no el único, porque al menos hay otros cinco cuya desaparición es urgente para beneficiar al país. La existencia de 19 supuestos partidos es demasiado y reducirlos a la mitad es un buen comienzo si se desea iniciar el largo camino de la recuperación del prestigio de ese poder del Estado y del respeto ciudadano. Los magistrados del TSE tienen la oportunidad de recuperar algo de este último y también urge hacer cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para tratar de asegurar la participación de personas probas. No lo hacen, porque un par de golondrinas no hacen verano. El viernes comentaré las actuaciones de algunos magistrados integrantes del Tribunal Supremo Electoral actual.