La celebración mañana del Día del Periodista es motivo para recordar su relación con la libertad de emisión del pensamiento, cuyo ámbito abarca a la totalidad de la ciudadanía. Conforme avanza la tecnología, incluso el concepto de periodismo necesita tomar en cuenta, tanto en la definición de medios informativos o de comunicación, porque esto último, sobre todo debido a las redes sociales, se encuentra ahora en una crisis. No se debe confundir a ambas, por factores relacionados con la responsabilidad intrínseca al divulgar mensajes, lo cual es manifiesta en la prensa profesional, necesitada de estudios y también de un amplio, aunque a veces tácito campo filosófico, además de sujeta a limitaciones legales por medio de su misma ley reguladora.

El camino para la emisión del pensamiento está lleno de cruces de periodistas caídos por ejercer la profesión. La semana pasada fue capturado un hombre sindicado del asesinato hace ocho años en Mazatenango del periodista Danilo López, de Prensa Libre, y su caso es casi único por la impunidad reinante en Guatemala. Hace varios años, el comentarista Frank Ramazzini fue ametrallado en un restaurante de la zona 6. La macabra cosecha de muertes alcanza todos los criterios políticos, aunque esto no hace ninguna diferencia ante el hecho de la intolerancia causante de las lágrimas de padres, viudas y huérfanos. Incluso, uno de los hechos previos a la Revolución de octubre de 1944 fue el asesinato de Alejandro Córdova, director del vespertino El Imparcial.

Al concepto de emisión del pensamiento ahora se le quiere dar contenido tácito, como la asistencia a una reunión pública proselitista y pronto incluirá alguno religioso, como una procesión. Pero esa interpretación es exagerada y ajena a la letra y espíritu legal, únicamente beneficiosa para quienes detentan poder, sobre todo político. Fundar acusaciones de ilegalidad a los hechos, basadas en esas formas no específicas de opinión, oscurece la ya enrarecida atmósfera politiquera y se parece al fallido intento de considerar desacato (falta de respeto a los superiores) a las críticas a funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Entonces, el precio a la libertad de opinión también es la constante vigilancia.

Cuando las redes sociales irrumpieron en la vida humana actual pronto se convirtieron en guaridas de cobardes y anónimos, ante la irresponsable ignorancia de los límites legales para evitar convertir a la emisión del pensamiento en una licencia para delinquir o romper prestigios. Se imponen algunas normas simples, como identificar al correo electrónico con la foto y el nombre del autor, no de sinónimos absurdos. En el caso de quienes desean comentar por medio de TikTok, hacerlo con base a la ley de emisión del pensamiento, y entonces están obligados a identificarse, no injuriar ni calumniar, lo cual permite defenderse a quien se considere ofendido (toda persona no funcionario público). Para muchos, estos dolos son intrínsecos a expresarse. No es así.

Hoy, urge especificar un listado de castigos para quienes acusan falsamente y logran encarcelar a los críticos y les retrasan los juicios, como en el caso de Jose Rubén Zamora. Los funcionarios jurídicos o políticos coaligados para callar la crítica ante desmanes, corrupción, errores o acciones malintencionadas no pueden quedar impunes. Exigirlo en nuestro medio es utópico, en la práctica y no por ello debe dejar de hacerse. El ciudadano, creo, cada vez comprende mejor la importancia de la divulgación de la crítica al funcionario, sobre todo por medio de la palabra escrita. La democracia real, por su parte, no puede existir sin el aporte del pensamiento distinto al oficial y no se logrará mientras persistan politiqueros vengativos e ineptos a la cabeza de los gobiernos.