La mayoría de los sistemas democráticos permiten acceder a datos gubernamentales con cierta garantía de veracidad. Sobre esa premisa puede ingresar a la página web https://explorer.usaid.gov/cd/GTM y verificar la ayuda histórica del pueblo norteamericano a Guatemala, como a otros países.

En el caso nacional, la cooperación de diferentes agencias de USA se fue incrementado desde 2001, aunque con puntuales descensos en algunos años en casi idéntica proporción. Sin embargo, en 2016, último año de la administración Obama-Biden, la ayuda subió un 115%, lo que supuso, además del mayor aumento en los últimos 20 años, una inyección vital para determinados grupos —gubernamentales o no— que captan ese dinero, junto a otras cantidades que aportan distintos países y entidades.

La llegada de Trump vino a cortar —con cierto radicalismo— ese caudal de cooperación, y en 2020 el dinero bajó a cifras de 2008, generando un importante “desabastecimiento oenegero”, y el consecuente efecto de incomodidad con el republicano y su política. Podemos engañarnos lo que queramos o justificar lo que deseemos, pero muchas organizaciones no gubernamentales viven de fondos gubernamentales —¡vaya paradoja!— y actúan según principios y postulados político-sociales de aquellos que aportan el dinero, hacen lobby permanente o lo intermedian. Roma no paga traidores, pero ¿y Washington?

El entorno de Biden es mucho más propenso a continuar con ese apoyo que, por cierto, nadie compara con datos sobre el incremento de la renta per cápita, del PIB o la reducción de la pobreza, así que las opiniones sobre inversión de ayuda sin análisis de impacto no resultan más que peroratas. Carlos Ponce —Tiempo Latino del pasado sábado— señala: “La Oficina para la Transparencia de Estados Unidos (United States Government Accountability Office), en su informe al Congreso en septiembre de 2019, GAO-19-590, encontró la falta de medición comprensible y efectiva del impacto de los proyectos implementados en el Triángulo Norte desde el 2013 al 2018, unos 370 proyectos por más de 2.4 billones de dólares sin medir el impacto real”.

Frente a la promesa de incremento de apoyo económico de la actual administración USA, un montón de personajes, sobradamente conocidos, acechan para recibir la tajada más grande. La economía se alía con la política —nada nuevo, por otra parte— y la geoeconomía se posiciona frente a la geopolítica. De pronto, diferentes grupos —desde distintos medios— cacarean idénticos mensajes, y parecen estar “casualmente” alineados con cierta facción progresista en pugna por el poder en la actual administración demócrata. Estamos frente a un embate político-económico dentro de una geoeconomía doméstica, donde el intervencionismo es tolerado y bendecido —ahora sí— porque es condescendiente con algunos opinantes nacionales. Muchos, no obstante, parecen ignorar que en el fondo lo que persiguen es parte de esos US$4,000 millones prometidos que compensarían la drástica reducción de los últimos cuatro años.

No me opongo a las ONG, pero cada vez más es necesaria la accountability. Cuando se quiere jugar a la política fuera de la cancha, disfrazados de “grupos de la sociedad civil” —pero financiados por gobiernos con quienes hacen lobby y alianzas más secretas que aquello del tercer país seguro—, se incumple la regla principal de la transparencia. La mayoría de esos grupos solo se representan a sí mismos y a quienes viven de ese sistema, así que o ponemos las cartas sobre la mesa o el juego turbio seguirá funcionando a espalda del ciudadano que, como siempre, sigue apático, melodramático, visceral y despistado. ¿Tendrá eso el carácter de corrupción disfrazada, aprobada y consentida?