La más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, como ya se ha informado y comentado profusamente, tiene el objetivo oculto pero ya descubierto —entre otros— de poner trabas a la información periodística referente a presuntas acciones ilegales de los funcionarios, sobre todo al Ejecutivo, el Congreso, la CSJ y la Corte de Constitucionalidad. Es una más de las acciones en varios frentes para beneficiar a la narcocleptocracia del país, por lo cual no es exagerado pensar en cambios inconvenientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyas reformas son tarea del parlamento, luego de sugerencias de la comisión respectiva del Legislativo. En otras palabras, existe un riesgo claro debido a la existencia del nefasto y muy poderoso pacto de corruptos.

Acompaño el listado de posibilidades con una breve explicación de los motivos de los cambios. El primero es haber integrado al Tribunal Supremo Electoral con personas también dispuestas a obedecer las órdenes en pro de la dictadura vislumbrada en el horizonte o del país, y con ello las elecciones generales se pueden convertir en una payasada al estilo de Ortega. A esto contribuye la posibilidad de fundar “partidos” sin ideología real, demasiados en este momento, sino con la seguridad de aumentar el de los autodenominados “líderes políticos”, en realidad simples inversionistas en la lotería política para lograr dinero negro gracias a negociaciones del mismo color. La superpoblación de partidos es inconveniente y en Guatemala es mortal para la diluyente confianza ciudadana.

Se agregan más cambios inconvenientes: no permitir denuncias administrativas, con el efecto de no poderse impedir cualquier acción legal; permitir la reelección sin límite de los secretarios generales para lograr la propiedad de los partidos de sus fundadores; eliminar la suspensión de partidos si no cumplen con los informes exigidos por la ley actual; entregarles diez centavos de dólar por cada voto obtenido en la primera vuelta a los dos partidos participantes de la segunda, lo cual financia las campañas eleccionarias con dinero del Estado; autorizar el transfuguismo cuando lo cause la suspensión o cancelación del partido, o el afiliado sea expulsado; permitir a los partidos contratar a los medios para así asegurar regalos de tiempo y de espacio, tarea exitosa en varias ocasiones anteriores.

Se permite al TSE elaborar y decidir tarifas de una franja electoral a los medios; permitir la propaganda ilegal de personas individuales; eliminar la comisión de postulación y elegir a los magistrados del TSE con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados; eliminar las funciones y obligaciones del TSE y el recurso de amparo constitucional; elegir a los diputados departamentales por voto nominal, pero mantener el sistema existente para elegir a los de listado nacional y el Parlacen; por supuesto, instalar la reelección y de hecho dar ventaja al presidente-candidato. Permitir al TSE elaborar una franja electoral, a precios comerciales para la propaganda pre elecciones y autorizar la publicación de encuestas hasta 36 horas antes de la elección.

Las próximas elecciones podrían ser realizadas en junio del 2023, tiempo suficiente para hacer los mencionados cambios, pero también es afín para iniciar una campaña cívica para demostrar el rechazo popular. Las normas aún no han sido aprobadas, pero es imprescindible la vigilancia de la ciudadanía, los “tanques de pensamiento”, instituciones de análisis político y analistas periodísticos. Sin duda serán empleadas mañas para impedir el conocimiento de las decisiones y los contubernios propios de los regímenes. Otra trampa será la proliferación de pseudopartidos —ya hay casi 15 solicitudes de estos— para ilusionar a gente sin posibilidad de ganar, pero sí afectar los votos antioficialismo. Es clara la habilidad de la corruptocracia organizada para desbancar a quienes participan para enriquecerse gracias a oscuros contubernios, negativos para Guatemala.