En un programa radial salió a la luz que alrededor de 1,200 personas que estaban siendo contratadas para apoyar en temas de salud por el covid-19 tenían algún problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va desde quienes no estaban de alta hasta omisos, y otros que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la población económicamente activa en la informalidad, no es de extrañar ese número de despreocupados.

Fui inmediatamente a Google y me sorprendí al ver que la palabra “derechos” tiene 1,500 millones de posibles entradas, frente a los 30.3 y 64 millones respectivamente de las palabras “deberes” y “obligaciones”; el 6.3% —entre las dos— respecto de los derechos. En la Constitución política la proporción es similar, y se encuentra 75 veces “derechos” y 13 entre las otras dos opciones, lo que representa un 17.3%. Por último, y con la idea de sacar alguna conclusión que explicara aquel elevado número de personas dispuestas a ser contratadas sin haber cumplido sus obligaciones impositivas, observé que hay entradas que enlistan los instrumentos internacionales de los derechos humanos pero ninguna que recoja la relación de deberes y obligaciones.

Y es que hasta la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —ese es el nombre— mantiene ese distanciamiento entre unos y otros, y coloca los derechos primero, aunque alfabética y lógicamente deberían estar después de los deberes ¿Qué nos ha pasado? Fácil: hemos sido educados en la exigencia, pero no en la responsabilidad; en pedir, antes que en dar; en exigir, previamente a cumplir. Kennedy lo dijo así: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”.

Si tiene hijos comprobará que desde corta edad les enseñan “sus derechos”, algo que está bien y es oportuno, pero hasta más tarde, o quizá nunca, se les habla de obligaciones y deberes. De esa cuenta, no son de extrañar las voces que se escuchan —así fueron educados— reclamando derechos que la Constitución y otros tratados otorgan, sin advertir de que no pueden darse antes de haber cumplido las obligaciones correspondientes. No puede exigir educación, salud, carreteras o respeto a su propiedad si previamente no ha asumido y pagado el costo que representa todo eso, y que va desde un sistema judicial ante el que acudir, hasta la creación, si es menester, de la infraestructura necesaria. Aquí no vale dudar si es antes el huevo o la gallina, porque está perfectamente determinado el orden, aunque se enseñe a la inversa, cuando no se evada hablar de responsabilidades.

Un alto porcentaje de la población mundial sabe reclamar desde que tiene uso de razón, pero difícilmente entiende que hay que ser corresponsable en el pago impositivo o que la contribución tiene que ser pareja, proporcional o escalonada, pero debe ser, y no vivir a costillas de otros bajo ese paraguas universal y prefabricado de los “derechos”. Hay un PDH, pero falta el POH —el procurador de las obligaciones humanas—, mismo que le recordaría que si no está de alta en la SAT —es decir, no cumple con la ley— no puede utilizar servicios públicos que son pagados por otros.

No conozco a nadie que se olvide de cobrar a fin de mes, así que en justa correspondencia todos deberían saber que hay que estar inscrito en la SAT y pagar —o no— en función de sus ingresos, pero no hacerse el loco y salir a exigir alegre e irresponsablemente lo que en Derecho no le corresponde.