Parafraseo una anécdota didáctica que contó Manuel Ayau hace muchos años, cuando debatía con un funcionario sobre los precios máximos impuestos por el Gobierno. Llega un cliente a una tienda, pide un bote de leche y pregunta por su precio. El tendero le responde que cuesta Q100. El cliente pone cara de indignación y le responde: ¡“Q100 es un abuso, en la tienda de enfrente cuesta Q70”! ¿“Entonces por qué no la compra en la tienda de enfrente”? pregunta el tendero. “Es que en la tienda de enfrente no hay”, responde el cliente. “Ah, bueno”, le dice el tendero, “aquí, cuando no hay, el precio es Q50”. Esta historia resume el efecto que tienen los precios máximos; está barato, pero no hay.

El pasado 27 de agosto fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo No. 130-2020 del Ministerio de Economía, en el que se impone precios máximos a 44 medicinas y productos médicos. No tengo la menor duda de que el ministro de Economía y al menos uno de los viceministros conocen perfectamente los efectos económicos de imponer precios máximos por ley, por lo que solo puede entenderse esta medida como un acto político de demagogia pura. La conveniencia política borra la memoria y los principios pronto son olvidados. El precio máximo no previene el acaparamiento; por el contrario, lo provoca.

Todo precio de mercado encierra mucha información y conocimiento, y lo que principalmente comunica es que a ese precio, “hay”. El principal efecto de los precios máximos es la escasez, colas, contrabando y mercado negro. Mientras los funcionarios se congratulan unos a otros por lo que hacen para bajar los precios, los consumidores no encuentran los productos en el mercado.

En los primeros días de la pandemia covid-19, pronto se agotó el gel para lavado de manos, porque las existencias eran las de tiempos normales e insuficientes para atender el brusco aumento en la demanda. El mercado reaccionó rápidamente a la demanda, hoy abunda el gel de manos en gran variedad de marcas, presentaciones y precios. Lo mismo puede decirse de las mascarillas; actualmente se puede comprar cualquier cantidad y modelo. Si en marzo o abril al Ministerio de Economía se le hubiera ocurrido un acuerdo gubernativo imponiendo precios máximos al gel de manos y mascarillas, hoy estaríamos haciendo cola para comprarlos de mala calidad.

Los precios máximos pueden ser beneficiosos para grupos de interés organizados, que tengan acceso a comprar a esos precios u obtengan beneficios políticos o de otro tipo. También pueden beneficiar a grandes productores que tienen capacidad para sostener precios bajos durante un tiempo o tienen excesos de inventario, mientras esperan pacientemente que sus competidores se hundan. Quien pierde con los precios máximos, es el consumidor de a pie.

La lista de productos con precio máximo incluye el acetaminofén. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si el acetaminofén subiera súbita y marcadamente de precio porque alguien lo está “acaparando”, sería cuestión de días en que otros oferentes inundarían el mercado de ese producto y bajarían el precio. Claro que esto solo sucedería si hay libertad para entrar al mercado y no se impone variedad de licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones y estudios de impacto ambiental.

Lo que más favorece al consumidor, en todos los casos, es la libertad de producir, intercambiar y consumir, sin coerción ni privilegios. El precio máximo impuesto por el Gobierno es uno de los más antiguos embustes y causa de desgracias en la historia. Cómo sabemos, conviene a algunos ignorar la historia y la verdad.