Monseñor Mario Molina, arzobispo de Los Altos, con su elegante prosa —directa, severa y sobre todo lógica— leyó el jueves pasado un documento para exponer temas relacionados con la actual crisis política guatemalteca, analizados desde el mensaje católico. No menciona a nadie, pero al entendido, por señas. También incluye otro, espinoso por incomprendido en su sentido verdadero: la relación Estado–Dios, y lo interpreto como distinto a la necesaria separación Iglesia-Política, no se diga la politiquería. Habla del pecado, de apartarse de lo justo al no actuar con rectitud y derrumbar la institucionalidad política. Como a todos los seres humanos, el Ser Supremo les pedirá cuenta en su momento. No es teología abstracta, sino aplicada a una situación específica.

En resumen, señala: el Estado de Derecho, sus instituciones y la vida política, colapsan cuando quienes las manejan actúan con ambición y codicia. Guardan las formas, pero el entramado está podrido y se esconde el manipuleo interesado, para beneficiar a intereses particulares o sectoriales ajenos al bien común, aun a precio de vulnerar la voluntad popular manifestada en las urnas y afectar la integridad del proceso electoral, una institución básica para la democracia. En vista de la dificultad de corromper el sistema electoral como está diseñado, lo torpedean para lograr resultados favorables a interesados y se le instrumentaliza para dar a los jueces la tarea de determinar a los ganadores del sistema electoral, mientras los ciudadanos lo toleramos y damos por descontado.

Monseñor Molina interpreta en su verdadero sentido la frase de Cristo “dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Dice: El Estado y Dios no son rivales entre sí porque no están a la par. Cada uno tiene su lugar, su honor. Cuando se interpreta como una separación entre ambas se desemboca en la irresponsabilidad ética en la política y esta es responsable ante Dios. Dicha filosofía contraria me hizo recordar al florentino Maquiavelo (siglo XVI) para quien la política está separada de la ética y de la moralidad, es amoral, y de ello deriva la frase “el fin justifica los medios” especialmente para lograr la permanencia del Estado. Es facilísimo acertar cuál de estas posiciones es la aplaudida y practicada por el statu quo guatemalteco.

Con estas ideas se entiende la urgencia de aplicar una buena teoría entre las existentes, adaptada a nuestras circunstancias, o lograr una nueva, sin los errores de cada una de ellas, a fin de luchar por la solución de la tragedia de hoy o al menos iniciarla. Lo provoca la infernal —o xibalbesca, del inframundo maya— situación del país, lanzado a un turbulento y desbocado río dirigido a la catarata de la destrucción. Pero lo principal a través de una ciudadanía con sentido ético, deseosa de participar en el logro del bien común. De allí podrán surgir funcionarios probos, interesados en continuar o crear nombres limpios, además de tener el orgullo del honor personal y del anhelo de poder ver de frente a sus hijos, así como plena conciencia de la Historia y su inapelable juicio.

Ya se cuentan por cientos las voces empavorecidas por ese monstruo desbocado de la corrupción, ya sea de tamaño sardina o de ballena azul. Cada vez se notan más los numerosos y notorios a la luz del día efectos sufridos hoy por la corrupción del lejano o cercano ayer. El rechazo a esa ancestral y vergonzosa lacra debe ser masivo y no tiene, en teoría, diferencias ideológicas, ni siquiera cuando surgen de la aplicación ciega y despiadada de ideas de toda índole, en especial el político, pero no es el único. La participación de las iglesias en la vida nacional no significa el absurdo de entrar al campo partidista ni electoral. Se trata de hablar de principios, no de candidatos o partidos, ni de sugerencias u órdenes para votar por alguno de los aspirantes al poder.