La imparable y creciente multiplicación de los femicidios es una lacra urgida de variadas y severas acciones para enfrentarlos y eliminarlos. Son efecto de muchas otras lacras sociales y por ello se necesita tener una idea clara de sus causas y diferenciaciones dentro de dichos motivos. En este momento la indignación nacional, enorme pero poco notoria, se encuentra en su máximo a causa sobre todo de la violación y brutal asesinato de una niña de apenas 3 años -¡Tres años, por Dios santo!- cometido por tres hombres iniciados en la adultez, de expresiones torvas y sin duda provenientes de capas sociales donde la vida no vale nada, al imperar la ley de la selva de concreto y la del más fuerte, despiadado y cruel, enmarcada en la impunidad.

Es sobrecogedora la fotografía del entierro de la pequeña en Tiquisate, con vecinos indignados y conmovidos. Otro caso es el de la funcionaria del Ministerio Público a quien presuntamente su conviviente no solo asesinó, sino que además lanzó su cuerpo a un desagüe, en otra prueba de sadismo e inhumanidad. Los números son escalofriantes: solo este mes, 28 mujeres fueron asesinadas. Es una epidemia de crímenes causantes de un espanto cada vez más acendrado. Y es muy alta -más del 90% según las estadísticas de los asesinatos cometidos en Guatemala- la posibilidad de que queden impunes, también por numerosas causas, entre ellas la incapacidad e insuficiente número de los investigadores y el temor de los familiares a la venganza de los asesinos o violadores.

No se puede caer en el error de no tomar en cuenta la también creciente aunque escasa participación de mujeres, sobre todo jóvenes, en femicidios relacionados con actividades de pandillas. Son víctimas de su propia “clica” o de bandas rivales y no se puede descartar su participación en crímenes. Pero la mayoría, evidentemente, son víctimas de asaltos, violaciones combinadas con asesinatos, crímenes a causa de haberse negado a caer en las garras de violadores, y también de violencia intrafamiliar y sexual llevada al extremo. Es un problema de la sociedad y por eso las voces de protesta deben surgir en todos los sectores, de hombres y mujeres de cualquier ideología o religión, no solo de quienes relacionan estos crímenes con motivos político-ideológicos.

Se habla de la “difícil situación” y de la necesidad de “cero tolerancia”. La primera implica una inaceptable diplomacia. La segunda es correcta pero debe ser llevada a la práctica. Quienes sean culpables o cómplices de estos asesinatos merecen los más severos castigos, e incluso la pena de muerte, al haber perdido el derecho de convivir en esta sociedad. Todo derecho se puede perder, y en esto los agravantes son fundamentales, entre ellos la repetición de crímenes contra toda mujer, sin importar la edad, posición social o cultural. Ningún derecho es total y debe tener límites. La pena máxima no tiene como fin eliminar los crímenes, por ser imposible; solo libera a la sociedad de monstruos. Es un tema muy controversial y por eso prefiero dejarlo ahí.

Matar a una mujer muchas veces significa la orfandad de niños inocentes, despojados del amor maternal existente o latente en la mayoría abrumadora de las mujeres. El derecho de ser madre puede ser voluntariamente rechazado sin recurrir al aborto, y no por ello se justifica una condena moral indiscriminada, al no saberse. La aplicación férrea de la ley es una forma de librar a la sociedad de estos flagelos, pero es imposible cuando el sistema legal de hecho no existe por estar a merced de la corrupción, la incapacidad y el tortuguismo, combinado con el irrespeto a la calidad humana de las mujeres, ya sea por machismo o tradiciones grotescas urgidas de rechazo y abolición por la sociedad.