El miércoles pasado, por las redes sociales se conoció de la entrevista programada por el periodista mexicano de CNN Fernando del Rincón, quien hablaría con el testigo protegido acerca de la acusación contra Alejandro Giammattei por recibir dineros sucios cuando era candidato y luego otorgados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Al enterarse, evidentemente cundió el pánico en la cúpula politiquera nacional y su apresurada reacción evidenció de nuevo el inconmensurable desconocimiento de cómo funciona la prensa en los países donde existe el derecho de aclaración, porque fue solicitada antes de haber salido al aire. Antes… El conductor prometió hacerlo cuando la reciba. Causa hilaridad y pena ajena, porque además fue contraproducente.

Por esas extrañísimas casualidades del destino, la transmisión de CNN se interrumpió desde una hora antes y ayer seguía, lo cual solo puede hacerse intencionalmente. Muchas personas suscritas a servicios extranjeros simplemente los conectaron y vieron la entrevista. La cantidad de televidentes con esos servicios es cada vez mayor, ya no es exclusiva de grupos sociales altos, para incluir a las clases medias, sobre todo de los centros urbanos. Así como las prohibiciones eclesiásticas para ver una película se convierten en la mejor propaganda para esta, luchar a brazo partido para impedir a la ciudadanía enterarse o confirmar el conocimiento de algo tiene dos efectos: uno, incrementar la credibilidad de lo expresado y dos, descubrir o comprobar el temor oficial.

Usar testaferros y empresas de papel para otorgarles préstamos millonarios engañó muchos años a la ciudadanía, pero ahora ya no funciona. La corrupción es tapada con tela transparente y por ello es fácil conocer de empresas comerciales de papel o de cartulina ver con entidades comerciales relacionadas con funcionarios. Por supuesto, no tienen experiencia ni responsabilidad. Y los funcionarios participan en casos graves como la adquisición de las vacunas rusas, al doble de precio, sin garantía alguna, con una oportuna confidencialidad, aunque sean dineros públicos, pero además con la necesidad de almacenamiento a varios grados bajo cero, sin lo cual caducan, como ocurrirá pronto. Es un carnaval grotesco de corrupción y de codicia extremas.

En el caso de Benito, su entrega voluntaria después de muchos meses de estar escondido solo se explica con un acuerdo previo de salir bien librado de los casos del libramiento de Chimaltenango y de la caleta de Q223 millones en La Antigua. Cada vez es más claro su papel de financista del gobierno y, por tanto, beneficiado con jugosos negocios escondidos en obras necesarias, pero mal hechas a causa de incapacidad y corrupción. Volviendo a la entrevista, se convirtió en una tácita confesión de lo publicado por el noticiero salvadoreño El Faro esta misma semana. A esto se agrega la persecución de doña Consuelo Porras contra exfuncionarios de la entidad, con el fin de sustituirlos por personajes complacientes como el negativamente famoso magistrado Curruchiche.

La libertad de opinión y de expresión incluye abarcar temas locales y extranjeros, pues ya no tiene límites geográficos, como era antes en algunos países. Guatemala jamás ha marcado esa división y por ello acepta opiniones y trabajos periodísticos foráneos. Esto no significa calidad máxima ni falta de balance, pero quienes lo hacen arriesgan su credibilidad. Los gobiernos temen a la labor informativa independiente, sobre todo en los países cuartomundistas. La avalancha de críticas y protestas responde a haber llenado el vaso de la paciencia y la aceptación populares. El rechazo gubernativo es un paso adelante a la instauración de una dictadura ortego-madurista con reelección, cárcel para los críticos, etc., y el posible afianzamiento de esto es la razón principal para cambios vía votos.