Para millones de niños y adolescentes en el país, el 2020 trajo una abrupta y severa interrupción de su formación educativa. Este fenómeno no es particular a Guatemala, pero la población estudiantil del país fue especialmente lastimada por los niveles de pobreza, así como la fragilidad y baja capacidad de adaptación e innovación del sistema de educación pública.

Puede referirse de forma abstracta a la interrupción de la formación educativa de tantos niños y jóvenes y lamentarse con números y estadísticas. Se articula en millones de tragedias personales y familiares, niños encerrados en sus hogares, abruptamente enfrentados con guías escolares, madres, padres, tías y abuelos repentinamente convertidos en tutores; el ritual escolar diario, ya precario, reducido a una fracción de efectividad. Íntimamente intenso en cada caso. Esta juventud ha recibido un golpe severo, una pérdida irrecuperable en su desarrollo que obliga a la reflexión y demanda el reconocimiento de que el simple regreso a la normalidad es insuficiente e inaceptable. El sistema gubernamental de educación pública es una herida abierta que sangra de antaño y carece de mecanismos e incentivos para corregir rumbo. La burocracia no tiene conciencia de su propia problemática, al estar enfrascada en paradigmas de la primera mitad del siglo pasado. Educar no es una fábrica de plazas, se requiere un salto cuántico y cambio de incentivos.

Hay consenso en que “mejorar la educación” tiene un lugar prominente en la lista corta de las necesidades urgentes del país. Aumentarle los recursos financieros al sistema gubernamental y mejoras a la educación no están fuertemente correlacionados; el problema es el sistema, capaz de tragar cualquier cantidad de recursos. Los recursos financieros destinados han crecido marcadamente en los últimos 15 años, especialmente en comparación con otros ministerios. Un estudio del Cien (2019) señala que el gasto en salarios como porcentaje del presupuesto del Mineduc pasó de 68% en 2008 a 79% en 2018, y alcanzó 86% en 2016. “Este crecimiento está relacionado con aumentos salariales que se han otorgado a través de pactos colectivos que aumentan de manera general los salarios sin tomar en cuenta el mérito”. Este problema es un viejo conocido, un sistema convertido en fábrica de plazas seguras. El magisterio carece de meritocracia; el progreso en escalafón se asocia a tiempo, aspectos formales y patrocinio político, no a resultados.

Anualmente, la Digeduca evalúa a los estudiantes de último año del ciclo de educación diversificada; en 2019 fueron evaluados más de 157 mil estudiantes de 4,300 establecimientos educativos. Los resultados generales de la evaluación educativa en Guatemala (2019) señalan que el porcentaje de logro en Lectura fue de 37% y en Matemática, 13.6%. Estos datos, alarmantes, podrían servir para determinar qué y a quién hay que alentar y premiar y de qué y de quién hay que prescindir. El sistema no funciona así, desafortunadamente.

Diferentes organizaciones han formulado propuestas para la educación en Guatemala, que van desde dotar de tablets a todos los maestros y estudiantes a requerir nivel de formación universitaria a los educadores. Un salto en tecnología y mejor formación de docentes sería valioso, pero tendría poca efectividad bajo el mismo sistema. Se requiere reducir el control estatal burocrático y aumentar el poder y capacidad para elegir de la familia y comunidad, cambiar los incentivos, introducir más competencia y méritos basados en resultados. Seguro no se arregla tan solo con más recursos al mismo sistema.