Con el cambio de gobierno cobra protagonismo el tema de plazas públicas, o como se dice en chapín, “huesos”. Por inercia, es probable que sean más los que consiguen hueso que los que lo pierden. Se dan los cambios políticos esperados, a nivel de ministros, viceministros, directores y jefaturas, y cada uno de estos derrama huesos hacia abajo. Viene además el reajuste de un ejército de “asesores”, vaga designación que permite canalizar rentas a allegados y alfiles. Verdadero jefe es el que puede dispensar una batería de asesorías y hay batallones de asesores expertos que logran migrar de una dependencia estatal a otra.

El Censo Nacional de Recurso Humano 2017-2018 registró a 292.7 mil servidores públicos en 85 instituciones del Gobierno Central, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Creo que este número está subestimado, pero no tengo respaldo más que la intuición. Es el resultado del censo de 14 ministerios, 23 secretarías y 20 entidades descentralizadas. Entre los números que llamaron la atención están las 37,944 personas que figuran en listados de trabajadores pero no se encontraron (13% del total) y los 20,000 que no figuraban en listados pero sí se encontraron. Es justo señalar que algunos de los trabajadores que no se encontraron gozaban de algún permiso. El censo no incluye datos de empleados de las municipalidades, que a fin de cuentas también es gobierno.

Es usual que una escoba nueva encuentre basura. En días recientes los casos más notorios en relación a huesos han sido los del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn); el lunes pasado, PL publicó reportajes sobre ambos. Resalta una lista de nombramientos a puestos diplomáticos de personas allegadas al gobierno saliente, sin experiencia o trayectoria en diplomacia. Esto es un desprestigio para el país y mal uso de fondos públicos. La representación diplomática no puede ser usada como un paracaídas de oro para funcionarios salientes. Según el reportaje de PL, en diciembre pasado se dio de baja a unos 200 trabajadores del Marn que fueron reemplazados. El nuevo ministro, Mario Rojas, declaró: “Vemos que hay una saturación de personal, demasiado personal que está sin qué hacer”. Las plazas fantasma, exceso de personal, compadrazgo y clientelismo de estos dos ministerios se multiplican a lo largo y ancho del sector público. Tener algún poder en el gobierno implica la capacidad para repartir huesos.

Los pactos colectivos acentúan la patología del empleo público y lo alejan aún más de la meritocracia. Es notorio el caso del Ministerio de Economía, en cuyo pacto el artículo 29 dispone que al quedar libre una plaza por la jubilación o fallecimiento del titular, se da prioridad para ocupar la misma a familiares del trabajador. La plaza se puede heredar, hecho que es inmoral, y si no es ilegal debiera serlo.

No es hacer de menos a una gran cantidad de empleados públicos calificados, responsables, honestos y dedicados a su trabajo. Pero no hay duda de que hay necrosis en el sistema. El empleo público tiene que estar tutelado por una adecuada ley de servicio civil, así como procedimientos, mecanismos de control y evaluación. No se trata solamente de personas honradas, es el sistema. En el sector público se suman los factores de ausencia de propiedad, el que los tomadores de decisiones —quienes administran y contratan— no cargan con los costos de sus actos y la ausencia de pérdidas y ganancias como mecanismo que impone disciplina. Es un tema de gobierno de lo más complicado.