Creo que en Guatemala ocurre con cierta frecuencia que, debido a algún tipo de prejuicio ideológico, cualquier iniciativa que provenga de un lado del espectro político sea rechazada casi automáticamente por los opositores. Ya casi no existe eso que se describe como “beneficio de la duda”. Es verdad que, concierta frecuencia también, las iniciativas de ley o la promulgación de un reglamento, por ejemplo, vienen con “dados cargados”, es decir, con sesgos que comprometen esos atributos tan importantes de las reglas del derecho como son la generalidad, la abstracción y su aplicación a un número indeterminado de casos futuros. Así, como nadie “juega limpio”, pues no tiene caso considerar con seriedad las propuestas que vengan de los opositores ideológicos. Es más, de entrada, hay que buscar “el gato encerrado”.

Como si todo eso fuera poco, ha habido descalificación y desprecio por los derechos de ambos bandos, recíprocamente (no hablo de partidos, sino de bandos). Ni más ni menos que un “diálogo de sordos”, una polarización extrema sazonada por la corrupción, la inoperancia de las instituciones estatales de toda clase y la cauda de violencia, de ausencia de servicios públicos y de pobreza que todo eso conlleva.

Empero, es necesario remontar ese “diálogo de sordos” y enfrentar los desafíos impostergables. El más grave, me parece, es el del sistema de justicia. Es imposible soslayar que el sistema de justicia de Guatemala requiere de una reforma a profundidad. Y no puede ser una reforma solamente legislativa, pues, como de todos es sabido, son las propias reglas constitucionales las que impiden que pueda lograrse la independencia judicial, la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos y la organización adecuada de una carrera judicial.

En efecto, las circunstancias de que: a) cada cinco años se elija a la totalidad de los magistrados integrantes de los tribunales colegiados del país, incluyendo a los de la Corte Suprema de Justicia; b) de que sea esta última la que nombre a todos los jueces para un plazo, también, de cinco años; y c) de que la postulación de candidatos invite al tráfico de influencias y a la politización del proceso, se constituyen en obstáculos insalvables.

Guatemala se ha comprometido a todo lo contrario como signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se ha comprometido a que toda persona tenga acceso a un “tribunal competente, independiente e imparcial” (artículo 14), y eso conlleva disfrutar de estabilidad en el cargo judicial, mucho más allá de los cinco años del período constitucional. Eso implica una carrera judicial en la que el acceso sea por un concurso público por oposiciones, que las promociones y los ascensos sean por mérito y la gestión de la Carrera Judicial por un órgano del más alto nivel que tenga por finalidad y objeto principal garantizar la independencia judicial.

Pero la razón más importante por la cual es indispensable, impostergable e inevitable reformar la Constitución Política para implantar un Poder Judicial, un Ministerio Público y demás instituciones auxiliares de justicia verdaderamente independientes y probas es que Guatemala no puede salir adelante sin llegar a convertirse en un Estado de derecho. Tanto quienes invierten aquí sus capitales como también los pobres y los desvalidos necesitan con la mayor urgencia de un sistema de justicia que tutele eficazmente sus derechos. Hay que remontar los prejuicios ideológicos, de todos los puntos del espectro político, para dialogar con racionalidad y con sentido de patriotismo.