La separación e independencia de los poderes del Estado es un antiguo y clásico principio sin el cual no se sostiene la democracia liberal. Sin esa separación no se concibe una moderna democracia, y los países que no la observan: Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte, no son considerados democráticos. En la medida que se ha profundizado y perfeccionado el republicanismo, se ha potenciado esa división que busca el adecuado equilibrio para una buena gobernanza.

A lo largo de la historia se ha utilizado el Ejército para tomar el poder y consolidar regímenes totalitarios. Aquello, sin embargo, terminó y no es presumible que algo así tenga éxito hoy día. De esa cuenta, los modernos espíritus autoritarios han tomado el camino de apoderarse o anular a los otros poderes. Chávez empleó la misma forma que Hitler: la ley habilitante, y otros lo han hecho adueñándose del poder Legislativo (Maduro) o del Judicial, dándole forma legal a las irregularidades que cometen.

En Guatemala es justamente lo que ocurre. Parte del Legislativo —ciertos diputados— impiden que se cumpla con el plazo constitucional —ya vencido— de cambiar el poder Judicial, por la simple razón de que sirven fielmente sus fines e intereses. Casi un año después de haberse tenido que cambiar la Corte Suprema de Justicia, ahí siguen los mismos que lo están porque sus resoluciones protegen a diputados que deberían ser investigados —o juzgados—, al igual que a siniestros personajes que han perpetuado un sistema de pago de favores con cheques y prebendas. Eso, aunque no guste escucharlo a ciertos políticos, es un golpe de Estado técnico o moderno, según la extensa literatura existente al respecto.

Es triste y vergonzoso —pero significativo— escuchar a un diputado como Álvaro Arzú manifestar que “juró defender la Constitución, no las resoluciones de magistrados que él considera que son ilegales”, actitud propia de absolutismos monárquicos de los siglos XVI-XVIII. Una especie de espíritu de “rey sol” que dinamita la frágil democracia chapina en el 199º aniversario de la independencia. Y es que mientras el espíritu y la capacidad cerebral de ciertos políticos no sobrepase el nivel de “yo creo, yo digo”, seguiremos en manos de despóticos que pretenden arrodillar al país, sostenidos por una ciudadanía pasiva y apática que los paga.

Vivimos un intento de golpe de Estado técnico que se prolonga desde la administración de Jimmy Morales y que pretende someter el poder judicial a los caprichos de legisladores señalados de graves delitos, asociados a un financista tradicional como Gustavo Alejos o pertenecientes al club del narcotráfico y del crimen organizado, al que se suman —por eso de la condescendencia— algunos analfabetas que no saben, no entienden ni muchos menos se ilustran sobre conceptos básicos de filosofía jurídico-política.

Lo que queda es un país cuestionado que no atraerá inversiones porque se está destrozando la certeza jurídica, o vendrán quienes saben que una parte sustancial de los réditos se debe usar para pagar sobornos a quienes controlan “el mecanismo”. Una vergüenza nacional más operada por apenas una docena de delincuentes que han encontrado en la política cómo evitar la justicia, y en una ciudadanía descuidada el caldo de cultivo en el que desarrollar sus maldades.

Proyectamos negligencia por no tener los bemoles necesarios para evitar que una pandilla de criminales siga controlando el país y nos sometan a sus caprichos. En este aniversario de la independencia pareciera que aceptamos plácidamente aquello de “si ves que vienen a por ti, relájate, acéptalo y disfruta”. Bochorno colectivo debería darnos, pero celebremos el 15 de septiembre.