Pienso que, al igual que ocurre en otros países del mundo, en Guatemala se dedica un día para dignificar la Constitución Política porque de ese modo se da a entender que hay algo casi “sagrado” en cuanto a ese documento. Y, si no sagrado, por lo menos “fundamental”, que está en las bases, en los cimientos de la sociedad y del Estado.

En algunas ocasiones, el Día de la Constitución he escuchado o leído las opiniones de algunos que, quizás, fueron diputados constituyentes o se les considera por alguna razón expertos en materia de Derecho Constitucional, diciendo cosas como que “nuestra Constitución es buena, pero no se le ha hecho valer, o se ha cumplido en su totalidad y por eso tenemos tantos problemas”.

De las constituciones de los Estados Unidos o de España, por ejemplo, no suele decirse que “son buenas pero no se aplican”. El tipo de críticas que algunos tienen se refieren, más bien, a que preferirían que sus normas plasmaran una ideología más liberal o más colectivista, o unos principios más conservadores o más progresistas. Pero el problema, en esos casos, no es una falta de aplicación de las normas constitucionales, sino que no se coincide con las consecuencias prácticas de su aplicación.

Esto nos plantea una cuestión más bien desagradable, como lo es que la Constitución es buena, pero los ciudadanos son malos. Extendiendo un poco más el razonamiento, los estadounidenses y los españoles, por ejemplo, son buenos pero los guatemaltecos no.

Yo creo que eso no es totalmente verdadero. Yo creo que lo que pasa es que en las constituciones de Estados Unidos y de España, por ejemplo, se han articulado mejor la estructura y funciones de las principales instituciones del Estado y los “frenos y contrapesos” que se establecen entre las mismas. Esto, a su vez, ha generado una relativamente larga secuencia de casos y situaciones en las que, de modo bastante coherente, esas mismas instituciones han hecho valer la Constitución.

De esa manera, a lo largo de los años, los ciudadanos experimentan las ventajas de vivir bajo el ideal del “imperio del derecho” y, cuando sus propias instituciones les piden más recursos para hacer valer las normas constitucionales y de la ley en contra del crimen organizado, de las redes de corrupción o de aquellos que se creen que tienen derecho a tomar cosas que les interesan sin dar nada a cambio, pues, efectivamente, aunque sea a regañadientes aportan más recursos.

En Guatemala (como en otros países en los que el diseño constitucional es defectuoso), los ciudadanos viven en una suerte de contradicción, pues, a la vez que se les pide respeto por la Constitución y sus instituciones, experimentan fenómenos de corrupción estatal, de crimen organizado y que los que son capaces de hacerse con más poder arbitrario consiguen actuar impunemente.

A lo largo del tiempo, esta suerte de contradicción se resuelve dando paso, me parece, a una especie de escepticismo por lo estatal, por lo institucional, de modo tal que, cuando se pide a los ciudadanos aportar más recursos para hacer frente a los mismos fenómenos que señalo arriba, pues los recursos no se aportan.

Creo que el corolario de esta reflexión es que, para llegar a tener instituciones de las que un ciudadano pueda estar orgulloso, es indispensable que funcionen bien y, para eso, es condición sine qua non que su diseño y articulación sean adecuados. Corresponde a las élites de este país aportar el liderazgo para realizar los estudios y análisis necesarios y emprender las reformas que haga falta.