Hace dos semanas, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Undécimo que absolvió a los acusados en los dos casos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), IGSS-PISA e IGSS-Chiquimula. De esta manera se confirma la absolución de todos los acusados por estos casos. Aún no queda en firme la sentencia, pues para que quede firme deben agotarse los recursos de ampliación y aclaración en la CSJ, y en último lugar en la Corte de Constitucionalidad, si se llegase a pedir un amparo por parte de los demandantes.

Si bien el fallo es correcto y se impartió Justicia, considero que durante el proceso se cometieron demasiados abusos que afectaron enormemente a los acusados después de aproximadamente ocho años de juicio, de los cuales estuvieron casi cuatro en prisión. Me pregunto si la justicia tardía es en realidad Justicia. La Justicia debe ser pronta y eficaz. De los acusados originalmente, dos fallecieron. Uno de ellos, el Dr. Jesús Oliva, un médico muy querido y de reconocido prestigio, entró en una gran depresión y se suicidó porque no pudo soportar la humillación de ser culpado injustamente y encarcelado sin oportunidad de medida sustitutiva. El otro fallecido era otro médico, el Dr. Edwin Raúl Castañeda, al que también le negaron la medida sustitutiva cuando se enfermó gravemente, y falleció por un problema cardiorrespiratorio. Posiblemente hubieran estado vivos hoy, de haber recibido el arresto domiciliario. No lo sabemos, pero queda la duda.

Esta “Justicia” que absuelve a los acusados no les devolverá la vida a los dos fallecidos. Tampoco le devolverá los casi cuatro años que estuvieron en prisión sin que sus peticiones de medida sustitutiva de arresto domiciliario fueran entendidas. Y tampoco les reintegrarán lo que gastaron en abogados, mucho menos lo que perdieron durante el proceso, por no poder trabajar. Y será difícil, aunque no imposible, que recuperen el prestigio perdido por las noticias que salieron inicialmente del caso. Noticias influenciadas por acusaciones que los condenaban antes de ser escuchados y juzgados. Noticias provocadas por una Cicig ideologizada y manipuladora, en complicidad con un Ministerio Público en ese entonces sometido a sus presiones. Definitivamente, eso no es justicia y el que ahora, finalmente, se lograra la ansiada “Justicia”, me sigue sabiendo amargamente a injusticia, venganza y politización.

Me alegro por dos amigos que conozco y que sufrieron todos estos vejámenes sin buscarlos, sin querer estar en esa junta directiva del IGSS. Pero estaban en representación de las entidades que representaban porque así lo establece la ley. Ellos son Max Quirin y Julio Suárez. Dos personas que hicieron mucho por Guatemala, que entregaron su tiempo y conocimientos para mejorar el país, pero fueron pagados de mala manera por esa influencia tan nefasta que nos dejó la Cicig.

Yo puedo hablar de al menos estas dos personas que conozco y que considero incapaces de haber cometido delito alguno. Personas probas, reconocidas en nuestra sociedad por su trabajo, capacidad intelectual, entrega a causas nobles y su integridad. A los demás no los conozco, por ello no los menciono, pero sé que estas dos personas, totalmente honorables, no merecían estar casi cuatro años en prisión ni haber vivido las humillaciones que sufrieron durante el proceso, ni haber esperado casi ocho años esta sentencia.

Se supone que en Guatemala toda persona es inocente hasta que se compruebe su inocencia, pero ellos pagaron y sufrieron por algo que jamás cometieron. ¿Cuántos casos similares habrá aún en nuestro sistema de Justicia?