Por estas fechas se activan anualmente grupos de presión que patrocinan el incremento de bonos, mejoras en pactos colectivos y subida del salario mínimo. Saben que pueden incluir en el presupuesto estatal montos a repartir durante el año siguiente, y la agenda buitre de sus liderazgos les recuerda la fecha. En esta ocasión, además, hay cambio de gobierno y es el momento preciso para negociar y presionar a salientes y entrantes, “liberarlos” del bochinche en las calles y conseguir el aumento deseado que dilapidarán en pago de planilla o en abogados sindicalistas. Ni el colegial ni el enfermo reciben mejor atención —a la pruebas me remito con esos ejemplos—, aunque las penas se extienden al Congreso, al Organismo Judicial, al MP, a puertos, municipalidades y muchas otras instituciones públicas ¡Otra vez la depredación y el reparto de los recursos públicos!

Sobre el salario mínimo veo argumentos contrapuestos. Uno, el del asalariado que pide más dinero y busca la justificación oportuna: inflación, precio de la canasta básica, etc. Otro, el del empresario que argumenta no poder sostener un incremento por ley que descabala el cálculo económico necesario para sostener su negocio. Propongo empatía, uso de parámetros objetivos y reflexión seria sobre la postura contraria.

Realmente hay inflación anual y por tanto incremento de precios, lo que reduce el poder adquisitivo de quien gana lo mismo de un año a otro. Por otra parte, no es menos cierto que un empresario con 10 o 20 empleados —las Pymes son mayoría en el país— quizá no pueda soportar un incremento anual porque solo le queda reducir beneficios —muy difícil en un mercado abierto— despedir trabajadores o incrementar los precios de sus productos y dejar de ser competitivo ¿Cuál es la solución?

Cuando nos basamos en premisas falsas, distorsionamos o falseamos las conclusiones. Nadie se contrata por debajo de su —precio de— costo. Es absurdo, por tanto, decir que alguien trabaja por “una miseria”. Esa cantidad —recordemos que todos somos diferentes— es sencillamente la “adecuada”, puede que no sea la que le guste a la persona, pero la acepta porque es mayor que su costo de oportunidad. Vaya a un mercado e intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”. Lo segundo, considerar que la canasta básica es igual para todos y tiene el mismo precio en todas partes, lo que de nuevo conduce a conclusiones inválidas. Lo tercero, aceptar que todos estamos en idénticas condiciones de capacidad y formación y, consecuentemente, hay que unificar el salario. Lo último, pensar que los beneficios empresariales son ilimitados y siempre sacrificables. Al final, lo “mínimo legal” termina siendo lo “máximo” y todos perdemos: trabajador, consumidor y empresario. Ganan politiqueros o sindicalistas inescrupulosos a quienes usted y yo les importamos un soberano pepino.

Que cada quien contrate libremente y trabaje por lo que desee y su capacidad y cualificación le permitan. Los profesionales liberales: médicos, abogados, lavadores de carros, jardineros, fisioterapistas, albañiles, fijan libremente sus honorarios y usted decide si los contrata, y ellos si le prestan el servicio ¡Así, sin salario mínimo ni agenda dictadas por gobiernos o grupos de presión!

Cuando se entiende que la matemática es ciencia exacta y la política ciencia social —en la que sentimientos, poder, ambición, ideología sobre “igualdad social” y cuestiones similares, terminan por retorcer principios— se entiende perfectamente. No hay que perder el norte en discusiones bizantinas que impidan ver el fondo ideologizado. En cambio, más razón que emoción, suele ser la fórmula para entender muchos problemas.