En el siglo XVIII surgió el fundamental criterio de cómo manejar al Estado: separarlo de la Iglesia, cualquiera de ellas, y declararlo una institución laica, es decir independiente de cualquier organización o confesión religiosas. Este concepto no es sinónimo de ser ateo o sea negar la existencia de Dios, pero quedó apartada la teocracia, según la cual la autoridad política emana de Dios y es ejercida por algún escogido. Es inconveniente practicar la política partidista por representantes de una religión, o demasiado cercana a alguna de ellas, debido a sus fines distintos: una busca la vida extraterrenal y la otra tomar o mantener el poder político. La principal diferencia es cómo se define la ética, es decir lo correcto o incorrecto, lo permitido o lo castigado.

En los últimos años, en varios países —Estados Unidos y Guatemala, entre ellos— se ha visto un retroceso en este campo. Y es retroceso porque de manera directa o indirecta aumenta el criterio religioso como una de las razones para escoger a funcionarios, y la constante mención de Dios se vuelve contraproducente cuando por cualquier razón no son cumplidas las promesas políticas. Muy pocos parecen recordar algo a mi juicio muy simple de entender: no se debe confundir al lugar donde un orador habla en actos oficiales de algo o donde se dirige una orquesta, llamado podio, y confundirlo con el púlpito, plataforma elevada donde se pronuncian sermones, o sean discursos para enseñar una doctrina religiosa. Claramente, la política partidista no tiene cabida allí.

Hace algunos días tuve oportunidad de ver dos series en Netflix. Una se llama La Familia y la otra The Big Hack. Sugiero a los lectores verlas con atención, por su actualidad. Cuando se mezclan actividades religiosas con trasfondos políticos, como en el Día Nacional de Oración, el riesgo es caer en este último campo. Un claro ejemplo lo dio la semana pasada el campeón mundial guatemalteco Jorge Vega, quien en una evidente, valiente y directa referencia a las actuales autoridades políticas guatemaltecas dijo: “Al final del día, sus seres queridos y la justicia pueden perdonarlos, pero el pueblo no los perdonará y de la justicia divina nadie escapará”. Esta frase sólo tiene justificación por el reciente hábito de mencionar criterios religiosos en donde sea.

La ética es otra fuente de problemas al mezclar la religión con la política. Algunas acciones políticas correctas no lo son éticamente, al tratarse de campos distintos. Además, la pertenencia a una determinada religión no hace a alguien un mejor o peor político, pero sí constituye una nueva fuente de división en una sociedad, al haber miembros de cualquier religión entre los seguidores de una idea política. Nace entonces la crítica derivada de quienes consideran el uso de un mensaje político —de Jesús, por ejemplo— como una acción digna de rechazo. Guatemala es una nación laica desde la revolución de 1871, y de esa forma quienes profesan una fe no necesariamente tienen problemas con los seguidores de otra, o de interpretaciones diversas de los mensajes.

A mi criterio, los problemas empiezan cuando en el gobierno de un país con Estado laico y libertad religiosa surge de pronto un curioso aumento de feligreses de una determinada religión o secta. El cristianismo es buen ejemplo de las interpretaciones de la Biblia, serias o equivocadas. La feligresía de cada quien es decisión personal e incluye también no tener ninguna. Me desagrada hablar de esta mezcla religioso-política porque no está basada en la razón ni en la racionalidad, sino en la fe, por cierto una necesidad intrínseca humana… Se pueden hacer acciones políticamente aceptables, pero ello no las convierte en correctas. Por eso los políticos deben conformarse con pensar y actuar de manera ética, pero hacerlo según las definiciones filosóficas de los grandes maestros, algunas de ellas firmes desde hace miles de años.