La teoría de las ventanas rotas fue introducida en un artículo de James Q. Wilson y George Kelling, publicado en 1982. Si una ventana de un edificio está rota y se deja sin reparar, pronto estarán rotas todas las ventanas. Una ventana rota sin reparar es señal de que a nadie le importa, y entonces romper más ventanas no tiene costo. La teoría de las ventanas rotas es una teoría criminalística que enuncia que señales visibles de delincuencia, comportamiento antisocial y desorden civil que son toleradas crean un ambiente que alienta más delincuencia y desorden; crece la criminalidad.

La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) publicó su 2º informe, Testimoniales de fincas invadidas por grupos criminales en Alta Verapaz. Expone dos casos de “invasiones registradas en el área de Cubilguitz, donde cinco propiedades están tomadas por redes de criminales lideradas por el Comité Campesino del Altiplano y el comandante guerrillero César Montes”. Son dos casos entre más de 1.800 registrados en el país. Señala, además, “la negligencia del sistema de justicia para hacer cumplir la ley”, obviando repetidamente hacer efectiva orden de desalojo emitida por un juez.

El uso del término “grupos criminales” es fuerte, cuando quizás a muchos esta información les evoca la imagen de pequeños grupos de campesinos hambrientos, desesperados, que se meten a un terreno privado a sembrar maíz para su subsistencia. Esta imagen es equivocada y lejana a la verdad. Algunos de estos grupos están altamente organizados y fuertemente armados; queman, destruyen, amenazan, roban, talan, y los líderes “venden” terrenos en las fincas ocupadas.

En marzo de 2019, grupos armados dirigidos por el comandante —no es “ex” comandante— César Montes, invadieron la finca Cubilguitz, en Alta Verapaz. Existen varias órdenes de desalojo, pero no pasa nada. Cabe recordar el caso de Semuy 2, en El Estor, Izabal, en septiembre 2019, en el que tres soldados fueron ejecutados, varios militares y civiles fueron heridos y salió a relucir el nombre de este mismo comandante. No hubo consecuencias legales. La finca Sequibal-Agropalmito fue invadida en marzo del 2019 por “30 personas pertenecientes a un grupo clandestino que indicó estar al servicio… del Comandante César Montes”. El grupo invasor golpeó, amenazó, quemó, robó dinero, vehículos, maquinaria, fertilizante, y las cosechas de palmito y cardamomo. Actualmente hay aproximadamente 300 personas invasoras en la finca, a las que el grupo organizador cobra por “tramitar” la compra de “su” terreno. Como estos hay muchos casos en diferentes áreas del país.

En julio del 2018, llegó a una hidroeléctrica en Baja Verapaz una turba de alrededor de 400 personas, hombres encapuchados, mujeres y niños, y se dedicaron a la destrucción violenta. La turba pone a las mujeres y niños al frente, mientras los encapuchados agreden a los policías y les roban las armas. Las múltiples comisiones y procuradurías “llaman al diálogo”, las ONG de siempre denuncian que no debe “criminalizarse la protesta”. Fuertes pérdidas y desorden que el sistema de justicia tolera y nada hace, ni siquiera simula hacer algo.

Estos casos, como muchos otros, son actos criminales meticulosamente planificados por manipuladores profesionales, disfrazados de protesta pacífica o reclamo de justicia social. El crimen paga bien y promueve más delincuencia. Hay muchas ventanas rotas en Guatemala, como también hay mucha pobreza y necesidad. Tolerar la delincuencia y robo organizado no es una ruta promisoria; por el contrario, conduce inevitablemente a más miseria.