Estados Unidos
Liberal sin neo
La trampa del consenso
Su carga recae de manera desproporcionada sobre los honestos.
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Hay leyes que se aprueban casi por inercia, rodeadas de un consenso tan amplio que cuestionar su conveniencia es motivo de sospecha. La iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, es exactamente ese tipo de ley. El sistema bancario la aplaude, el Ejecutivo la promueve, los medios la presentan como una necesidad urgente y los organismos multilaterales la exigen. Pocos advierten las consecuencias y costos de un marco regulatorio que privilegia el control sobre la libertad.
Un marco regulatorio que privilegia el control sobre la libertad.
La exposición de motivos de la ley lo confiesa sin rubor; el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) ha emitido “recomendaciones” que los Estados deben adoptar, so pena de quedar en “listas grises”. El Congreso legisla porque un organismo transnacional sin mandato democrático directo así lo requiere, bajo amenazas explícitas.
Al leer la iniciativa de ley, emerge un sistema de vigilancia financiera de considerable alcance. Define un universo amplio de “Personas Obligadas”: bancos, aseguradoras, casas de cambio, prestamistas individuales, cooperativas de ahorro, agentes inmobiliarios, comerciantes de autos y joyas, proveedores de activos virtuales, abogados, notarios, contadores, auditores y más.
Cada una de estas personas y empresas debe inscribirse ante la Superintendencia de Bancos, asignar un “Oficial de Cumplimiento”, elaborar un manual interno de prevención, identificar a los “beneficiarios finales” de sus clientes, monitorear continuamente sus transacciones, construir perfiles de riesgo para cada cliente y reportar de manera “pronta y confidencial” toda operación que considere sospechosa. El aparato estatal construye así una infraestructura permanente de recopilación de datos financieros sobre sus ciudadanos.
La paradoja de este tipo de regulación es que su carga recae de manera desproporcionada sobre los honestos. El cumplimiento oneroso y complicado implica costos que las instituciones financieras y empresas grandes absorben fácilmente, pero pueden resultar asfixiantes para una pequeña empresa o un profesional independiente. El argumento central a favor de esta ley es su eficacia para combatir el crimen. La experiencia sugiere que criminales, cárteles y terroristas siempre encuentran la forma de sortear los controles y laberintos regulatorios; a eso se dedican.
La ley refleja, además, una transformación importante en la relación entre el gobierno y los ciudadanos. El derecho penal liberal parte de la presunción de inocencia; el Estado investiga cuando existen sospechas concretas de delito. El modelo antilavado opera bajo otra lógica: toda transacción puede ser potencialmente sospechosa, todo cliente debe ser identificado, perfilado y monitoreado bajo un enfoque de “riesgo”. La actividad productiva formal y honesta se convierte en auxiliar operativo de vigilancia financiera; pasa a formar parte de una red preventiva de monitoreo económico.
Resulta delicado cuestionar públicamente esta expansión regulatoria; cualquier crítica puede interpretarse como complicidad. Se trata de reconocer que hay una tensión genuina entre seguridad y libertad, identificar consecuencias no intencionadas y evaluar si los beneficios supuestos superan los costos evidentes.
La iniciativa 6593 construye un aparato de vigilancia financiera cuya eficacia contra el crimen es cuestionable y cuyo impacto sobre la privacidad, libertad económica y derechos civiles de personas y empresas honradas es real y concreto. Los cárteles encontrarán nuevas rutas; los ciudadanos comunes quedarán fichados. Es inevitable su aprobación.
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