Después de haberles trasladado mi opinión de cómo elegir en el 2019, considero de suma importancia hacer algunos comentarios sobre cómo deben actuar ciertas instituciones durante el período electoral.

Considero de trascendental importancia el respeto que el presidente y el vicepresidente de la República han tenido para que se lleven a cabo las elecciones. Han mantenido distancia del proceso, pero continuamente recalcan la importancia de elegir y ser electo como lo ordena la Constitución Política de la República.

El Tribunal Supremo Electoral es la institución autónoma responsable de llevar a cabo todo el proceso. Desde su creación siempre ha sido una institución seria y ejemplar. En estas elecciones atípicas, con magistrados que ya tuvieron la experiencia hace cuatro años, ha habido cuestionamiento sobre el actuar de algunos, que actúan como ciudadanos con influencia política de su inclinación partidista y/o ideológica y no como jueces. Si eso fuera así, no está bien. Siempre deben actuar los magistrados imparcialmente con ética profesional como jueces y nunca como un ciudadano común y corriente.

Las cortes, tanto la Suprema de Justicia como la de Constitucionalidad, se volvieron actores de una contienda política, por lo que hay que revisar bien sus responsabilidades y sus sentencias. Las sentencias deben ser con estricto apego al derecho, a lo que la ley dice, y nunca con visible connotación política o ideológica. Basta con todo lo que se ha dicho y hecho en el país con el “gobierno de jueces”, que tanto se lee en redes sociales y en medios de comunicación. Es buen momento para que la ciudadanía tome nota del actuar de algunos magistrados y que el mismo sistema de justicia se encargue de castigar a quien se extralimite en sus funciones o cometa algún delito.

La semana pasada asistí al Congreso Nacional de Empresarios, que me pareció muy bien organizado y que tuvo alta asistencia. Me agradó escuchar a cuatro personas con alto nivel de conocimiento del tema económico analizar la situación de la economía y plantearle los retos —muy claros— a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales invitados. Aprendí del análisis de los cuatro panelistas del foro del análisis del sector justicia en Guatemala, donde fue muy claro que estamos atravesando una etapa lamentable de gobierno de jueces, la cual inició en el 2015. Me quedó grabado que el estado Constitucional de Derecho debe de privar y por eso hay que ser vigilante de la aplicabilidad constitucional que dé certeza jurídica a todo. Nadie, ni los magistrados, deben estar por encima de la ley.

El conversatorio con los candidatos presidenciales me pareció muy bien conducido y muy transparente en la selección de preguntas. Hubo respeto entre los candidatos y ejemplar conducta del público.

Es fundamental que instituciones como el Cacif hagan eventos de esa naturaleza y es aconsejable que otras instituciones del sector empresarial y del sector académico hagan más actividades para poder llegar a conocer el análisis de situación del país, visión del binomio, plan y equipo de gobierno.

Es clave que las instituciones públicas hagan lo que la ley le ordena en el período electoral, y es necesario que la ciudadanía se informe bien de quién es quién para que elijamos a un binomio que verdaderamente dirija la nación donde se respete la vida, la libertad, que protejan la propiedad privada y haga que las instituciones del Ejecutivo sean eficientes, funcionales, transparentes y que apoyen al necesitado desarrollo del país.

El Tribunal Supremo Electoral tiene una responsabilidad histórica, porque la reformada ley electoral es tan mala que solo cumplir con lo que ordena ya es de por sí difícil. Debemos de vigilar el proceso.