En Guatemala, el desarrollo de las telecomunicaciones y el de la energía eléctrica se han convertido en ejemplo para otros países. Es evidente el cambio que ha ocurrido en este tipo de servicios, en donde ya es cosa del pasado la carencia de los mismos. Tenemos ahora más números telefónicos asignados que habitantes en el país, los costos son competitivos contra cualquier servicio en otras partes del mundo y con una cobertura aceptable. La oferta de energía eléctrica supera la demanda, y ya no ocurren apagones con frecuencia. Estos cambios han ocurrido gracias a leyes que han permitido crear instituciones con cierta autonomía y con procesos definidos que les ha permitido mejorar.

La ley de infraestructura vial pretende emular estas leyes y mejorar la situación de la infraestructura vial del país, que actualmente es deplorable. Aunque la ley sufrió cambios de fondo, al pasar el primer filtro político respecto de la primera propuesta, aún puede contribuir al desarrollo de la infraestructura vial que el país necesita. Caminó aparentemente rápido dentro del Congreso, pero ahora está estancada después de haber pasado la primera lectura en el mes de enero. Los diputados están en receso y las posibilidades de que sea discutida de nuevo son pocas.

Es evidente que es una ley que debería ser de “urgencia nacional”, pero son pocos los diputados que se han comprometido a aprobarla, y es importante que la población sepa quiénes la están apoyando, sobre todo ahora que se avecina el proceso electoral. Los 20 diputados que están apoyándola son: Orlando Joaquín Blanco Lapola, Jean Paul Briere Samayoa, Mynor Enrique Cappa Rosales, José de la Cruz Cutzal Mijango, Carlos Rafael Fión Morales, Luis Enrique Hernández Azmitia, Ana Victoria Hernández Pérez, Leocadio Juracán Salóme, Erick René Lainfiesta Cáceres, Fernando Linares Beltranena, Héctor Leonel Lira Montenegro, Carlos Enrique López Maldonado, Karla Andrea Martínez Hernández, Sandra Nineth Morán Reyes, Marvin Orellana López, Amílcar de Jesús Pop Ac, Juan José Porras Castillo, Raúl Romero Segura, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez y José Rodrigo Valladares Guillén. Hay 137 diputados que no han manifestado su compromiso con esta ley, pues seguramente hay intereses solapados, ya que un alto porcentaje de ellos son propietarios de constructoras que salen perjudicados con la ley, y prefieren anteponer sus intereses personales antes que los comunes. Hay un diputado que está abiertamente en contra de la ley. Cada minuto que esta es retrasada en su aprobación se le restan al país oportunidades para desarrollar, pues una de las bases del movimiento económico de una nación es la infraestructura básica, lo que, amarrado a una eficiente educación, puede potencializar la productividad del país. Como expresó Julián Rivera, argentino experto en seguridad vial: “La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de un país. Por ello, para un país es estratégico desarrollar su sistema vial porque es el único modo con el que logra satisfacer, no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades esenciales de la población. Si las vías de comunicación de un país no son las adecuadas para que la población satisfaga sus necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos puedan encarar una situación de mejora económica y reducción de los índices de pobreza”.

Señores diputados: asuman su compromiso y aprueben esta ley, demuéstrenle a la población que aún les queda algo de decencia. Las futuras generaciones se lo agradecerán y quizá a la actual, que acudirá a las urnas, le sirva como uno de los parámetros de la voluntad de cambio en la que ustedes se comprometerán, para concederles el beneficio de la duda con su voto.