El llamado a paro nacional de carreteras del lunes 24 y martes 25 de enero, con la justificación de que transportistas de pasajeros que utilizan microbuses, taxis vehículos y taxis tuktuk no pueden pagar el seguro contra terceros que ordena el acuerdo gubernativo 17-2020, en mi opinión es uno más de los paros nacionales de tinte político que busca desestabilizar al país.

El viernes 28 de enero, la Cámara del Agro, en un comunicado, anunció que ese día presentó “una denuncia penal en el Ministerio Publico en contra de todo autor material e intelectual, líderes, posibles financistas y cómplices, por los posibles delitos incurridos en los bloqueos realizados en diversas carreteras del país” los días mencionados y “exige a las autoridades del MP investigar lo sucedido, para que estos delitos no queden en la impunidad y se aplique todo el peso de la Ley a quienes resulten responsables”.

Esos bloqueos vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, ya que impiden la libre locomoción, el trabajo y la salud, aparte del daño que causa a la economía de todos los ciudadanos. En esos días, algunos malos guatemaltecos aprovecharon para hacer otro tipo de paros, buscando afectar la producción de empresas, lo cual no fue reportado por medios de comunicación, ya que fueron cuidadosos en cómo lo manejaron. Impedir que los trabajadores se movilicen a su lugar de trabajo y amenazar con que deben apoyar el paro también son delitos. Debemos poner las denuncias de todos estos atropellos en donde compete, porque eso le da respaldo y fortalece el actuar de las instituciones de seguridad y las de justicia. La Corte de Constitucionalidad ordenó en agosto del 2021 al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil despejar las carreteras bloqueadas por pocos o por muchos, pero que impiden el movimiento libre de personas.

Seguramente si el Ministerio Público hace la investigación de fondo con las herramientas que tiene la institución, va a encontrar la verdad, lo cual se percibe que raya en objetivos políticos de personas que buscan desestabilizar el país desestabilizando al Gobierno y la economía del país. Para poder avanzar y desarrollar el país, es necesario que las leyes se apliquen siguiendo el proceso de investigación, y luego de capturas de acuerdo con procedimientos enmarcados en la ley, sean juzgados quienes delinquen.

En el caso particular de los transportistas de pasajeros, que fueron parte de los bloqueos, lo justifican por no querer pagar seguro contra terceros. Primero que todo, no hay justificación de bloqueos. Si es un problema de sus finanzas, deben encontrar una solución con las autoridades que les atienden para que busquen una solución de beneficio a la gran mayoría de ciudadanos, quienes son los afectados por accidentes de transporte que no cuenta con seguro contra terceros. Valdría la pena investigar cuántos de los pilotos de todos esos vehículos son propietarios y cuántos son empleados, y que también revisen la capacidad de pago para tomar la mejor decisión y buscar seguros accesibles para propietario individual y de empresas.

Hay reportes de fallecidos en el bloqueo del 24 y 25 por no dejar pasar ambulancias. Como ejemplo está el de una señora de la aldea Campamac, municipio de Cobán, Alta Verapaz (nota de Prensa Libre: Mujer muere por no pasar bloqueo), ya que no pudieron trasladarla al hospital para trabajo de parto. Y así ha habido más fallecidos culpa de esos ingratos que atentan contra la libertad.

Guatemala necesita de ley y orden, y la inmensa mayoría debemos apoyar a las instituciones de ley y de orden para que el estado de Derecho sea el que prevalezca. Hay que tener mucho cuidado en el 2022 con la ley y el orden, por ser año preelectoral, año que pocos buscan crear conflictividad para que algunos tengan promesas electorales.