Los avances tecnológicos necesarios para el surgimiento de las redes sociales se han convertido, sin ser ese su motivo, en el principal vehículo de la difusión de mentiras parciales o totales, y de la imposibilidad de defensa ante su principal característica: el anonimato. Como resultado, quienes no entienden o no quieren entender los beneficios de la difusión de ideas se han unido tácitamente en un ataque contra el ejercicio del derecho humano de la libre emisión del pensamiento. Los malintencionados emisores de exageraciones y falsedades son los primeros en hacer numerosas críticas a un hecho sin duda existente, pero no preponderante: la difusión de mensajes con esas características dentro de la prensa, campo donde esta libertad se manifiesta más.

Estas redes necesitan empresas facilitadoras de comunicación entre personas, pero a causa de ser motivadas exclusivamente por beneficios económicos, la difusión de ideas dejó pasar el filtro de la verificación, de la experiencia profesional en esa comunicación. Ahora todo es válido y además resulta imposible de clasificar o leer antes de su difusión, por el simple hecho de su número prácticamente inconmensurable. De ahí se origina la frase del escritor italiano Umberto Eco, según la cual las antiguas conversaciones entre amigos en una mesa de bar se convirtieron en una “verdad” llegada instantáneamente a todo el mundo, dicho en forma literal. Luego comenzaron a regarse indiscriminadamente mensajes políticos en tiempos previos a elecciones.

Aunque a algunos les parece muy tarde, las empresas parecieron tomar conciencia de la responsabilidad moral, ante la difusión de mentiras tanto referentes a personas como a candidatos, sobre todo a estos, porque el cambio de voto puede tener terribles efectos para cualquier sociedad y el mundo entero, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, debido a la importancia del país y al lamentable escaso nivel general y fallas de los dos contendientes. No han tardado las acusaciones de censura, pero es válido preguntarse si en realidad lo es, o si se trata de una decisión reducida a normas decididas por esas empresas, en el ejercicio del legítimo derecho a impedir seguir siendo utilizadas sin su consentimiento por mensajeros politiqueros malintencionados.

Un problema para estas empresas radica en la ausencia de normas expresas, porque decidirlas a medio camino de una batalla política debilita las razones para tomarlas, al poder ser interpretadas como deseo de beneficiar a alguno de los contendientes. Muchos medios informativos –y ellos sin duda lo son– tienen limitaciones internas para divulgar mensajes, aunque ello represente disminución de las ventas publicitarias, básicas para la supervivencia de una institución periodística independiente. Por ejemplo, no aceptar anuncios de armas de fuego. El derecho del público a recibir ideas diversas para tomar sus propias decisiones tiene como complemento su derecho de no recibir mensajes facilitadores de delitos, contrarios a la dignidad de la mujer, etcétera.

Las batallas políticas jamás han sido ejemplos de corrección. A su fin de hacer ganar al candidato se ha agregado hacerlo y sin importar qué. Esto se ha potenciado con las redes sociales y por haber llegado a donde está, las empresas relacionadas decidieron tomar el primer paso, consistente en no aceptar la difusión de mentiras o insultos. Sin embargo, muchas de esas campañas se hacen disfrazadas de entrevistas a personas serias, cuyas ideas en algunos temas concuerdan con aquellas de los políticos. Es otro tema difícil y el tiempo provocará la creación de normas para evitar lo peor posible: leyes, por tanto, coercitivas. Pero antes, las empresas mensajeras deben verse a sí mismas como medios de comunicación, y entonces aplicar normas profesionales.