A propósito de la anunciada intención de Donald Trump de recortar o eliminar la asistencia económica de EE. UU. a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, vale la pena reflexionar sobre la naturaleza y alcances de esta “ayuda”. En teoría estaría enfocada principalmente a brindar asistencia para combatir la pobreza e impulsar el crecimiento y desarrollo económico. En la práctica, mucha de la asistencia brindada está muy apartada de estos loables objetivos. Hay asistencia que se canaliza a alimentar organizaciones que fomentan la conflictividad e impulsan agendas culturales que están lejos de ser los principales problemas del país. Con retirar la asistencia económica a Guatemala, EE. UU. no logrará frenar la masiva migración hacia ese país y es evidente que aumentar dicha asistencia tampoco logrará ese objetivo. El factor más importante para mitigar la migración es la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.

De acuerdo con datos de la página web de Usaid, el gobierno de EE. UU. destinó US$257.3 millones en asistencia económica para Guatemala en el 2017. De esto, US$30 millones (11.7%) se destinaron a programas antinarcóticos. Llama la atención que el rubro “crecimiento económico” recibió US$6.8 millones, menos de una cuarta parte de lo asignado a programas antinarcóticos y menos de la mitad de los costos administrativos de la asistencia —US$ 16 millones—. Amplios recursos se destinan a “estudios”, oenegés y programas de transferencia cultural como ideología de género y política de identidad, así como “organización cívica”, es decir, fomento de conflictividad.

Recomiendo ver en internet el Usaid Guatemala Country Fact Sheet February 2019, donde se aprecia la naturaleza política y social de la asistencia. La empresa Cecchi and Company tiene un contrato por $35.5 millones (2012-2019), para promover una sociedad más justa y democrática, y hace lo mismo en países como Afganistán, Kosovo y Liberia. Counterpoint International administra un programa llamado “Sociedad Civil por una Gobernanza Responsable” con US$15 millones; Chemonics administra el “Proyecto de Justicia Juventud y Género” con US$37.9 millones, y uno de mis favoritos es “Apalancando Liderazgo Político Emergente para una Guatemala Responsable”, con US$15 millones, cuyo objetivo es “construir un cuadro diverso de futuros líderes políticos en Guatemala”. Son varios los programas y millones para “fortalecer la sociedad civil” y otros dedicados a diseñar reformas legislativas en diferentes sectores.

Para poner esta ayuda del gobierno de EE. UU. en perspectiva, su magnitud es menos de 3% del valor de las remesas. Comparada con la asistencia, la remesa tiene un impacto mucho más importante y atomizado ya que llega directamente a las familias a todo lo ancho del país. Guatemala puede sobrevivir, incluso prosperar, sin “ayuda”, empero enfrentaría fuertes penurias sin las remesas.

La amenaza de Trump de retirar la asistencia económica no tiene sustento; las cámaras legislativas y el estado profundo de EE. UU. lo impedirán. Haría mucho mejor en reenfocar la ayuda a destinos puramente humanitarios y especialmente a crear condiciones propicias para la inversión, creación de empleo, crecimiento y desarrollo económico. Buena parte de los problemas principales que aquejan al país, violencia, educación y salud, se derivan de la pobreza y miseria. La migración es fundamentalmente económica y no se detendrá con “ayuda” internacional.

En última instancia, lo que puede generar progreso para Guatemala es la inversión productiva, que actualmente sufre muchos embates y enfrenta tantos enemigos.