Mirador
Los intocables de la palabra
El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso.
La semana pasada pudimos observar ese espectáculo tan nacional en el que quienes viven de exigir cuentas a los demás olvidan rendir cuentas sobre sí mismos. Insultos, descalificaciones y señalamientos cruzados entre medios de comunicación, periodistas y acusaciones entre diputados; como telón de fondo, la trágica melodía de la superioridad moral. Todos ejerciendo “la libertad de expresión”, aunque la defienden igual que los privilegios: con entusiasmo cuando protege lo propio y con silencio cuando exige responsabilidad.
El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso. Señalan, insinúan, difaman, calumnian y destruyen reputaciones, pero cuando alguien les recuerda que todo derecho tiene límites, entonces se activa el drama: “ataque a la prensa”, “censura”, “autoritarismo”. La fórmula es fatal, aunque bastante cómoda: libertad para mí, responsabilidad para los demás.
La Constitución protege la libre emisión del pensamiento, sin censura ni licencia previa, pero eso no elimina la responsabilidad posterior cuando se afecta la vida privada, la moral o los derechos de terceros. También reconoce el derecho de defensa, aclaración y rectificación de quienes se consideren ofendidos. La crítica pública está protegida; el linchamiento irresponsable, no. Algunos parecen haber asimilado solo la parte que les conviene.
Y ahí empieza la hipocresía. El gremio periodístico y el político suelen ser implacables al denunciar privilegios ajenos. Señalan a cualquier grupo que resulte útil para la indignación del día. Sin embargo, cuando se trata de revisar sus propios fueros, protecciones, espacios de impunidad práctica y esa peculiar costumbre de exigir derechos sin aceptar deberes, entonces la conversación se les vuelve muy incómoda.
La libertad de expresión merece defensa firme. Precisamente por eso no puede ser secuestrada por quienes la usan como privilegio corporativo o licencia para destruir.
La Ley de Emisión del Pensamiento, de 1966, parte de esa misma lógica: nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero existen responsabilidades cuando se incurre en calumnia, injuria o ataques a la honra y reputación. Además, establece que expresiones como “se dice”, “se asegura” o “se sabe” equivalen a afirmación de los hechos a los que se refieren. Ese detalle debería estar grabado en la pared de más de una redacción, de más de una curul, de muchas cuentas en redes sociales y de pasquines dominicales, entre otros.
El problema adicional es que esa ley es preconstitucional, nació en otro país histórico y tecnológico, y no fue pensada para redes sociales, cuentas anónimas, campañas digitales, difamación viral ni linchamientos coordinados. Una mentira hoy puede viajar más rápido que cualquier rectificación. Y, sin embargo, seguimos con una normativa cuya capacidad sancionadora resulta casi simbólica: apenas Q25 en ciertos supuestos. Casi una propina legal para el daño reputacional.
Eso, al igual que el tribunal de imprenta, no puede presentarse como defensa moderna de la libertad de expresión, sino como arqueología normativa. Un fósil jurídico que algunos veneran porque les resulta extraordinariamente cómodo. Un bálsamo perfecto para quienes exigen transparencia, ética y rendición de cuentas, siempre que la factura moral la pague otro. La prensa libre es indispensable para la democracia, pero una que se siente inimputable deja de ser contrapeso y empieza a comportarse como poder sin control.
La libertad de expresión merece defensa firme. Precisamente por eso no puede ser secuestrada por quienes la usan como privilegio corporativo o licencia para destruir. Guatemala necesita menos victimismo gremial y más responsabilidad pública; menos sermones sobre abusos ajenos y más honestidad sobre los propios. Resulta demasiado fácil señalar la paja en el ojo de todos los demás mientras se protege la viga enorme del privilegio propio, la publicación de chismes o de libelos anónimos —o firmados— donde todo vale.