El bully —intimidador, acosador, hostigador— prefiere meterse con indefensos y no con aquellos capaces de hacer que su conducta sea costosa. El pasado 18 de octubre, en una declaración conjunta en Turquía, los embajadores de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda y EE. UU., exigieron que el gobierno turco excarcelara a Osman Kavala, un empresario activista que guarda prisión preventiva desde hace cuatro años. El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, enfurecido, manifestó en un discurso público que “estos diez embajadores deben ser declarados persona non grata inmediatamente”. Expulsar a tanto fino embajador sería un grave incidente diplomático. Una semana después, las embajadas declararon que los embajadores tienen el deber de no interferir en los asuntos internos del país anfitrión, mientras, en Twitter, la embajada de EE. UU. afirmó que se mantiene en cumplimiento del artículo 41 de la Convención de Viena. A Erdogan se le pasó el enojo y no se habló más de expulsar embajadores.

Alienar a Turquía puede ser carísimo: país con 85 millones de habitantes, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), tiene fronteras con Siria, Iraq e Irán. Europa le paga miles de millones de euros para detener la migración de Medio Oriente y es un “socio clave”. Además, un serio conflicto diplomático con Turquía pondría en entredicho la cercana reunión del G20 en Roma, en la que Erdogan se reunirá con Joe Biden, o el ágape a fin de mes en Glasgow, a donde los mandatarios y elites serán aerotransportados, expulsando miles de toneladas de gases tóxicos a la atmósfera, para discutir el cambio climático. Obviamente, no hay por qué causar molestias a los amigos, agitar pañuelos y arruinar grandes fiestas multilaterales por tonterías sobre derechos humanos. Ya pasó.

El 28 de agosto de 1968, en la ciudad de Guatemala, efectivos de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) interceptaron el automóvil del embajador de EE. UU., John Gordon Mein. El embajador se bajó del automóvil y trató de huir. Quedó tirado en la calle con ocho balas en la espalda. Los guerrilleros que lo mataron nunca fueron identificados ni enfrentaron la justicia. Dos años después, en 1970, las FAR secuestraron y asesinaron al embajador de Alemania en Guatemala, Karl von Spreti. Nadie enfrentó acusación o juicio por este asesinato. Esto ocurrió durante el conflicto armado interno en Guatemala, uno de tantos escenarios de la larga Guerra Fría entre la Unión Soviética y EE. UU. Guatemala no cayó.

Cuatro décadas y media más tarde se realizaban los juicios de Ríos Montt y otros altos oficiales militares por genocidio y crímenes contra la humanidad. Sentados en las salas de los tribunales se encontraban funcionarios de la embajada de EE. UU., con mirada acusadora, acuerpando a activistas y exigiendo un fallo de culpables. ¿Qué está haciendo Benedicto Lucas en la cárcel? Es que la Embajada se pasó del otro lado, traicionó a sus aliados de la Guerra Fría y se dio el abrazo de la paz con los asesinos de su embajador. Ahora los exguerrilleros son los paladines de los derechos humanos y la izquierda está más cercana a sus propósitos.

Para nadie es un secreto que la embajada de EE. UU., el embajador de turno y funcionarios del Departamento de Estado son jugadores de gran peso en el escenario político y los acontecimientos en Guatemala. Les toca decidir quiénes son los buenos y quiénes los malos. La Convención de Viena no aplica. Claro, aquí se pueden dar el lujo, no van a salir con chichones y moretes, como podría pasar en Turquía.