Un amigo que leyó mi columna de la semana pasada sobre certeza jurídica me envió el Rule of Law Index 2018-2019 (Índice de Imperio de la Ley o Estado de Derecho), publicado por el World Justice Project —accesible en internet—. Tras saludarme y señalar páginas de interés, mi amigo agregó la frase “buena explicación de por qué no hay inversión”.

El Rule of Law Index define cuatro principios universales del imperio de la ley o estado de derecho. 1) Responsabilidad o rendimiento de cuentas: tanto el gobierno como actores privados son responsables ante la ley, 2) leyes justas: las leyes son claras, publicitadas, estables y justas, se aplican de manera igual y protegen derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas, contratos y derechos de propiedad, 3) gobierno abierto: los procesos por los que las leyes son promulgadas, administradas y aplicadas, son accesibles, justos y eficientes, y 4) resolución de disputas de manera accesible e imparcial. Basados en estos lineamientos evalúan ocho índices que recogen varias subcategorías, en 126 países por medio de encuestas y opinión de expertos.

Como se esperaría, hay alta correlación entre países con alto punteo en el índice de imperio de la ley y la prosperidad; los países más ricos tienen mayor adherencia al imperio de la ley y los más pobres tienen menos. Los primeros lugares son ocupados por Dinamarca, Noruega y Finlandia y los últimos por Venezuela, Camboya y la R.D. del Congo. En el índice general, Guatemala ocupa la posición 96 de 126, por debajo de República Dominicana y Uzbekistán y por encima de Liberia y Sierra Leona. El país tiene la posición 25 de 30 en Latinoamérica y el Caribe.

En los índices restricciones al poder del gobierno, gobierno abierto y derechos fundamentales, Guatemala está cerca del promedio o centro, con 61/126, 60/126 y 66/126, respectivamente. Su posición en los restantes cinco índices subraya nuestras falencias. En el índice ausencia de corrupción, Guatemala ocupa la posición 100/126 y en orden y seguridad 109/126; resultados que no requieren explicación, ya que es conocido el ambiente en el que vivimos. El índice Regulatory Enforcement —hacer cumplir la regulación— mide si las regulaciones de gobierno se hacen cumplir de manera efectiva, se aplican sin influencia inapropiada y procedimientos administrativos se conducen de manera pronta. En este índice Guatemala tiene la posición 108/126.

El índice justicia criminal mide la efectividad del sistema de investigación criminal, si la adjudicación es oportuna y efectiva, la efectividad de los sistemas correccionales, la existencia de corrupción en la justicia criminal y el debido proceso; Guatemala ocupa la posición 109/126. El peor posicionamiento del país está reservado para el índice justicia civil, ocupando la posición 120/126. Este índice incluye categorías como ausencia de corrupción en la justicia civil, ausencia de influencia gubernamental inapropiada, retardo irrazonable y efectivo cumplimiento.

No es casualidad que Guatemala tenga punteos bajos en índices como Doing Business y Rule of Law y resultados francamente deplorables en categorías que reflejan certeza jurídica y administración de justicia, tanto criminal como civil. Ciertamente, estas falencias son fuertes causales de los bajos niveles de inversión en el país.
Más allá de estimular, impulsar y hablar de ejes, cualquier discusión sobre desarrollo y progreso tiene necesariamente que ocuparse de estos temas; calidad institucional, certeza jurídica y efectiva administración de la justicia.