Medidas de seguridad: ¿Protección real o mera formalidad?
Es fundamental que se utilicen todas las herramientas legales disponibles.
La violencia intrafamiliar es una cruda realidad de nuestra sociedad, con más de 35,000 denuncias anuales en Guatemala, cifra que sigue en aumento. Aunque existe un marco legal que establece medidas de protección, la limitada aplicación y escaso seguimiento demuestran una brecha entre la ley y su ejecución.
Es fundamental que se utilicen todas las herramientas legales disponibles.
La “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar” (Decreto 97-96) contempla 16 medidas de seguridad, desde ordenar al agresor abandonar el hogar, hasta el decomiso de armas y la suspensión de custodia. Sin embargo, en la práctica solo se aplican con frecuencia dos: la prohibición de intimidar a la víctima y de acercarse a su domicilio o trabajo. Esta reducción limita la protección integral que la ley pretende garantizar.
Impacto en las víctimas
En casos menos graves, las medidas de seguridad logran proteger a las víctimas, pues algunos agresores cumplen las órdenes para evitar problemas legales. Esta situación ayuda además a descongestionar el sistema de justicia. No obstante, según testimonios del personal policial, en alrededor del 60% de los casos más graves, los agresores desobedecen las órdenes judiciales, evidenciando la necesidad de un seguimiento efectivo para evitar consecuencias lamentables y una mayor vulnerabilidad.
También es importante reconocer que no todas las víctimas buscan judicializar su caso. Muchas de ellas, especialmente mujeres, cuando existe una relación afectiva, hijos en común o dependencia económica, solo desean sentirse seguras. Para ellas, medidas como la prohibición de acercamiento o la vigilancia policial son suficientes, por lo que el sistema debe priorizar su bienestar y autonomía, sin imponer rutas penales no deseadas.
Valoración de riesgo y seguimiento
La efectividad de las medidas depende de una adecuada valoración de riesgo, realizada mediante herramientas específicas durante la toma de la denuncia. Estas permiten identificar la peligrosidad del agresor y ajustar las medidas a cada caso. Sin embargo, su verdadero impacto depende de un seguimiento real. Sin monitoreo, las medidas quedan en papel, sin fuerza efectiva para proteger a las víctimas.
El rol de la Policía Nacional Civil
La Policía Nacional Civil tiene un rol clave en garantizar la protección, pero enfrenta limitaciones logísticas. Para optimizar recursos, es necesario implementar marcos de acción locales que permitan un seguimiento ordenado de las medidas. La presencia policial no solo brinda seguridad a las víctimas en casos menos graves, sino que también disuade a los agresores de continuar con las agresiones. Aunque en situaciones extremas no siempre basta, en casos de menor riesgo puede prevenir la escalada de violencia.
Alivio para las víctimas
En conclusión, las medidas de seguridad pueden significar un verdadero alivio para algunas víctimas, siempre que estén acompañadas de una correcta valoración de riesgo y seguimiento efectivo. La violencia intrafamiliar exige acciones concretas y un compromiso real de jueces, fiscales y policías. Es fundamental que se utilicen todas las herramientas legales disponibles y que el cumplimiento de las órdenes no sea solo una formalidad.
Misión Internacional de Justicia (IJM) trabaja en el desarrollo de herramientas de valoración de riesgo y en el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, apoyando la creación de planes de acción y mejoras en la toma de denuncias. Estos esfuerzos buscan fortalecer el sistema de justicia y garantizar una protección real para las víctimas.
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