La Ley de Aceptación de Cargos, sancionada el lunes pasado por Jimmy Morales, debido a la forma de su redacción debe ser entendida como un instrumento cuyo único fin es procurar la impunidad a los involucrados en casos de todos los tipos de corrupción. A causa de ello está llena de una serie de irregularidades conceptuales y jurídicas, porque —por ejemplo— permitirá la salida de la cárcel de delincuentes comunes con cualquier grado de peligrosidad social, pero además constituye una burla al válido concepto de permitir la disminución de los procesos. Podrán salir bien librados los acusados de delitos y de crímenes violentos, además de todos aquellos de índole puramente política, como son la corrupción y el abuso de poder, entre otros muchos.

Fueron 81 diputados quienes aprobaron esa aberración, imposible de explicar si no se agrega la urgencia de los corruptos de protegerse por medio de leyes con dedicatoria, como esta. Los demás ocupantes de las curules no asistieron al pleno, o se abstuvieron, espero yo, por un mínimo de vergüenza. Queda ahora la posibilidad para el próximo Congreso de derogarla, pero ello es una dificultad adicional para el próximo presidente, Alejandro Giammattei, porque su fuerza real en el parlamento no es suficiente y entonces necesitará de alianzas con grupos oscuros, representados por gente como la vergonzosa actual directiva, y ahora felices por haber logrado de nuevo afianzar su lugar en la Historia nacional como el peor grupo jamás llegado a dirigir los destinos del país.

Se avecina una batalla legal entre los recursos presentados por personas e instituciones relacionadas con la búsqueda de depurar el sistema político-jurídico actual. La prensa independiente, a través de noticias y editoriales, así como los columnistas interesados en el beneficio del país, tendrán también un papel importante en la reducción del trabajo de los tribunales —sino la forma. Ocurre por segunda vez, pues este Congreso ya en una ocasión anterior debió derogar otro mamarracho injustificable cuando por liberarse de la acción de la ley, había dejado abierto un gigantesco portón donde podían salir todos los delincuentes comunes. Ahora, la Corte de Constitucionalidad tiene opción de lucirse y poner orden. Es oportunidad de mejorar su tambaleante prestigio.

El momento escogido para esta sanción no es el mejor para Jimmy Morales. Solicitó audiencia con Donald Trump en Washington, quien lo recibió enterado de esta acción, perteneciente a aquellas inaceptables para el sistema estadounidense, basado en la aplicación de la ley. El problema para Estados Unidos es apoyar, aunque fuera en forma tácita, una ley como la hoy comentada. Para ajuste, los 28 días faltantes para el fin de este gobierno convierten a la conversación en algo imposible de explicar dentro de la lógica política de los intereses estadounidenses y también guatemaltecos, en este caso coincidentes. Por su situación interna, tampoco puede arriesgarse a dar más armas a sus incansables adversarios demócratas. Eso, claro, es otro tema.

Más allá de esta sanción proimpunidad y del viaje a Washington, es evidente la desesperación de alguien cuya conciencia debe reclamarle por el rosario de acciones contra el país y de su propia persona, realizadas durante los nefastos cuatro años de su gobierno. Demolió la dignidad al cargo, al realizar tantas acciones indignas, olvidándose de su investidura. Su vanidad le hizo cumplir a toda costa el acuerdo con los integrantes de grupos corruptos. Se rodeó de incapaces y les otorgó tareas de importancia nacional, con el consiguiente fracaso. Intentó burlarse de personas con importancia e influencia internacionales. Ahora solo le queda esperar lo merecido, con el agregado de estar solo porque pronto comenzará, sino comenzó ya, el abandono de sus conmilitones.