Hoy es 30 de noviembre y la suerte está echada. El plazo feneció para un ritual que se realiza anualmente en el Congreso; la aprobación o improbación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del gobierno para el siguiente año. La mayoría de la población tiene poca información sobre los ingresos y gastos del gobierno, más allá de ver uno que otro titular en los diarios, noticieros o redes sociales. Tampoco tiene mucho interés; la aprobación y ejecución del presupuesto es uno más de esos fenómenos vagos y remotos del poder; el costo de informarse de los detalles es alto, el beneficio de hacerlo es ínfimo y la capacidad de afectarlo es nula. No obstante, hay buen número de personas y organizaciones que prestan cuidadosa atención, especialmente quienes se dedican directamente a gastar o recibir los fondos públicos y aquellos que venden productos o servicios al gobierno. En este numeroso grupo se encuentran algunos con auténtica vocación de servicio público, así como cantidad de genuinos pícaros dedicados a ordeñar el erario.

Hay otro grupo de personas y organizaciones que prestan atención al proceso de formulación y ejecución del presupuesto del gobierno. Esto incluiría centros de investigación, empresas, ONG, organismos multilaterales, medios de comunicación, hasta simples seguidores del acontecer económico y político. Variedad de organizaciones dedican trabajo y esfuerzo a identificar y formular consejos sobre buenas prácticas, calidad y destino del gasto. No es que todo consejo sea bueno o prudente; igual cae en oídos sordos.

El gasto público adolece de manera crónica de la dependencia de ruta porque carece de mecanismos de corrección de errores. Una empresa privada se ve sometida a la disciplina de pérdidas y ganancias; los errores que cometa son evidenciados, provocan dolor y tienen que ser corregidos, o desaparecerá. Una dependencia de gobierno puede cometer muchos errores, ser ineficiente e improductiva y aun así no solo sobrevivir, sino incluso prosperar. Atraerá más recursos sin relación a su capacidad o eficiencia para usarlos. Programas de gobierno se perpetúan y crecen sin pasar por procesos de evaluación crítica y métricas de resultados; la burocracia no abandona territorio que ha ocupado.

Las maniobras de la Comisión de Finanzas del Congreso en la última semana no son de extrañar, el asombro sería lo burdo de los movimientos que carecen de disfraz racional o técnico. Mientras médicos del Hospital General San Juan de Dios denuncian que la falta de pago a proveedores limita el abastecimiento de medicamentos e insumos, una más de las recurrentes crisis de carencias en el sistema hospitalario público, la Comisión de Finanzas del Congreso introduce modificaciones para recortar cientos de millones al Ministerio de Salud y aumentar la asignación al Renap, la CC y Usac, entre otros.

Otro movimiento pareciera inconsecuente, pero revela la forma de ver el mundo desde los pasillos legislativos. La ley obliga a incluir en el presupuesto de gastos el financiamiento para cubrir las “deficiencias netas” del Banco de Guatemala, que en lenguaje contable y común significa “pérdidas”, por Q2,474 millones. La Comisión ha reasignado estos fondos, no se amortizará esta deuda; la creatividad contable de banca central le permite trasladar pérdidas a cuentas por cobrar y tratándose del Congreso, incumplir la ley no tiene consecuencias.

El gasto público no puede verse con idealismo romántico y beneficio de la duda; requiere constante vigilancia y sano escepticismo. y aún con esto es mucho lo que se va por las rajaduras.