Las elecciones generales de Nicaragua, según la dupla Daniel Ortega y Rosario Murillo, están programadas para el 7 de noviembre. Pero hay un problema: no pueden ser calificadas como tales, simple y sencillamente porque no lo son. Los adversarios han sido encarcelados, los partidos de oposición cerrados, y según confirmó el periodista opositor Carlos Fernando Chamorro, en su visita a Guatemala, en las cárceles sandinistas están hacinados “35 líderes políticos (entre ellos siete aspirantes presidenciales), líderes empresariales, periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles y campesinos”, criminalizados por “traición a la patria” al haber exigido elecciones libres en diversas formas, sobre todo por las sangrientas represiones del 2018.

Nadie en su sano juicio puede dudar del resultado de esa pantomima electoral para darle un quinto período, ahora con un reducido apoyo de alguna parte del sector privado local y centroamericano, el cual hasta hace poco calificaba que la idea de gobernar con una base política de mano dura, pero con criterios económicos liberales, era la mejor combinación. Ya es imposible apoyar al ortegamurillismo, aunque sea en mínima parte. En la parte política del continente, esta defensa solo puede obtenerla de Venezuela, Cuba y Bolivia, con la posible adhesión de Perú, Argentina y ahora –muy lamentablemente—México. Pero Nicaragua aún debe enfrentar a la Organización de las Naciones Unidas, lo cual podría darle oxígeno a esta dictadura, peor a la de los Somoza.

Siempre me ha llamado la atención esa obsesiva voluntad de los tiranos por querer guarecerse de la posterior tormenta de la Historia gracias a una supuesta legalidad falsa, impuesta, irreal, resultado de la cobardía de no declararse como tales. Ubico, en Guatemala, ordenó “suspender” el artículo constitucional contrario a la reelección. Ortega, en contubernio con Arnoldo Alemán, declaró “mayoría” al resultado de 35% de los votos de una elección. Bukele hizo algo parecido, al permitir la reelección inmediata, lo cual le permite ser candidato en los siguientes comicios. Otro convencimiento de los tiranos consiste en la actitud permisiva de la comunidad internacional, en aplicación a un criterio abusado por los tiranos: la no injerencia en los asuntos internos de los países.

Algunos analistas consideran a la democracia como una utopía, como un experimento teórico en cuyas entrañas se encuentran las fuentes de su propia destrucción. Una de las peores es la corrupción y la integración de clanes más o menos grandes de personajes nefastos. En el caso de países como los centroamericanos otro factor fundamental lo constituye el descaro, la demostración a todas luces de los efectos de apropiarse de los dineros gubernativos entre grupos políticos, pero también militares, sindicales y del sector privado de nivel superior. Como dice Chamorro, “se cogobernaba con los empresarios (de Nicaragua, Centroamérica, México y Colombia), quienes redactaban leyes económicas y Ortega mantenía el monopolio de la política”.

A partir del 7 de noviembre, la comunidad internacional deberá decidir cómo actuará en el quinto período orteguista. Continuarán las torturas a los presos políticos, la represión a la prensa independiente, el exilio de quienes deben escapar para no caer en las garras de la dictadura. El éxito de estas acciones, como las de Venezuela, solo significará más dolor para un pueblo como el de Nicaragua, donde la dictadura ha estado presente en la mayor parte de su vida desde la independencia de España. El aumento del autoritarismo en demasiados países latinoamericanos obliga a pensar en cómo solucionar esa tragedia sin llegar a revoluciones sangrientas, porque engendrarán más gobernantes democraticidas.