Al analizar la trayectoria de quienes ya fueron electos para integrar la Corte de Constitucionalidad, desde la obtusa división de “derecha” e “izquierda”, surge una nueva forma de calificarlos. No se les considerará buenos o malos, capaces o incapaces, llegados con legalidad, ilegalidad o abuso, sino solo importará si son “nuestros” o “de ellos”. Hasta el momento son seis y faltan los cuatro -titulares y suplentes- que representarán al Organismo Judicial y la Presidencia, pero ante la certeza de cómo será la actuación de quien sea escogido por Alejandro Giammattei, ya es posible prever, en la práctica, el fin del sistema judicial como campo para impartir una justicia imparcial. Todo se centrará en ese nuevo absurdo de quién es “nuestro” o “de ellos”.

El Congreso eligió a Dina Ochoa y Luis Rosales, ambos “de derecha”. La Usac a Gloria Porras, pro oenegés, y a Rony López, actual secretario general del Ministerio Público, con influencia sobre la Feci y la poco conocida Fiscalía contra Delitos Transnacionales. También encajan en este grupo ellos dos y los electos el viernes por el Colegio de Abogados, Nester Vásquez y Claudia Paniagua. Los conservadores extremos tienen bases para hablar de un cambio de rumbo en la influencia sobre el manejo del sistema judicial. La Justicia ya no necesita venda ni balanza, que ahora serán estorbo. La ciudadanía debe conocer su historial. Ochoa ha destacado por sus votos disidentes en varios casos contra la Cicig y la expulsión del embajador sueco Kompass.

Rosales representa al “zurismo” derivado del eferregismo. Está aliado con el actual secretario del bloque oficialista en el Congreso y fue operador político de Giammattei en la segunda vuelta electoral del 2019. Diputado por el FRG, 2000-2004; fiscal electoral de ese partido, diputado al Parlacen por Viva, y parte del equipo de defensa de Efraín Ríos Montt. Esta influencia del “zurismo” aumentará si es electo Roberto Molina Barreto, excompañero de fórmula de Zury Ríos. Esto abona la idea de cambios de prohibiciones en la Ley Electoral y de Partidos Políticos Políticos propuestas por el impresentable Tribunal Supremo Electoral, que busca eliminar los castigos al transfuguismo, con lo cual puso la lápida a la tumba del descrédito ciudadano que se ganó con sus acciones.

Porras, designada por Colom, electa antes por el Congreso y ahora por la Usac, carga con los señalamientos de favorecer a redes criminales. Además, de haber recibido un salvavidas de la CSJ cuando la Cicig solicitó su desafuero, por lo cual después ella hizo todo lo posible para sacarla del país. En su tiempo no prosperaron las peticiones de retiro de antejuicio contra Orlando Blanco y Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito. También fue señalada de ayudar a cambiar el criterio de la CC sobre la certeza jurídica del plan Tercer País Seguro. En esta última elección, el Congreso no cumplió con hacer la convocatoria 15 días antes ni publicarla en el diario oficial, pero tampoco fue secreta: se sabe quiénes se abstuvieron o votaron de viva voz a su favor.

El día de la elección de Porras ¿coincidió? con la llamada del presidente Biden para saludar a Giammattei, quien se apresuró a informarlo en las redes poco antes de que los votos le dieran la victoria. Aunque no tenga relación de causa y efecto, no deja de ser curioso. Nadie duda del reiterado interés de EE. UU. por el arribo a altos cargos en la Justicia de personas sin sospechas de manchas. Otro tema es la importancia de los suplentes, porque en algunos casos se necesita una votación de siete magistrados. Observar a la distancia permite identificar más fácilmente tendencias y decisiones. Con los magistrados electos y el que resulte ungido por la Presidencia ya hay mayoría para la toma de decisiones. El problema ahora es la supervivencia del sistema judicial.