El miércoles se derrumbó la justificación de la postura de la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, para negarse a hacer público el contrato para la compra de las vacunas rusas Sputnik V, por ser confidencial. Ahora lo conoce toda la ciudadanía interesada en saber cómo se realizan los manejos del dinero de los impuestos, sobre todo en un gobierno con la absoluta falta de credibilidad como el actual. Por primera vez, el embajador ruso, Vladimir Vinokúrov, se pronunció y también se publicaron interpretaciones legales de lo acontecido con una compra de 152.9 millones de dólares (alrededor de Q1,200 millones). Ya se puede hablar con más fundamento para señalar lo evidente: fue un contrato lesivo a Guatemala, el cual denota incapacidad y negligencia.

El diplomático menciona al Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID), una de cuyas filiales es Human Vaccine, encargada de vender la vacuna, entre cuyos clientes está Unicef. El ‘funcionario real’ firmante del contrato, cuyo nombre se ignora, no es el mencionado en Guatemala; el dinero no ha sido robado y ambas partes están negociando una revisión (no dice renegociando) y dicho fondo ruso está preparando una ‘respuesta de las propuestas’, no especificadas. No se puede entender la razón de decir ‘si hay base técnica, la producción local de vacuna podría asegurar la inmunización masiva a mediano y largo plazo’. No parece existir en Guatemala esa base técnica, y los plazos necesitan de un rango de fechas, aunque ya llegaron otras 200 mil dosis.

La desconfianza popular aumenta al conocerse la fecha de la firma, el silencio de las autoridades a las justificadas preguntas y sospechas de la prensa y los ciudadanos, así como haberse conocido hasta el 7 de julio. Demasiado tiempo, y demasiadas acciones para no dar a conocer los términos. Human Vaccine debe autorizar esa divulgación; no es responsable por incumplimiento o cumplimiento incorrecto del contrato; si lo incumple, solo reembolsará cien mil dólares; no garantiza ni es responsable de la eficacia de las vacunas, ni de ningún atraso de entrega porque se retrase o acabe la producción. El problema del precio (19.90 dólares) se complicó al saberse la oferta de Johnson & Johnson, a diez dólares por dosis, una opción sin duda acorde a los intereses nacionales.

Guatemala está obligada a comprar ocho millones de vacunas, aunque decida comprar menos; no tiene derecho a devolverlas. Si se necesita un arbitraje internacional, será en Singapur, en inglés, con las leyes de Inglaterra y de Gales. El laudo —la decisión— será de tres árbitros, de fallo definitivo. Según analistas jurídicos locales, los compromisos asumidos por Giammatei y la ministra Flores alcanzan a otros funcionarios encargados de proteger los intereses del Estado, y señalan un detalle fundamental: la Ley de Información Pública solo justifica confidencialidad de la información cuando el daño causado por liberarla es mayor al derecho y al interés público de conocerla. Pero la realidad objetiva del país convierte a esa ley en un verdadero tigre de papel, literalmente.

El gobierno de Giammattei no se dignó pedir dictamen al Procurador General de la Nación. El Ministerio Público no investigará para determinar las responsabilidades legales, ni tampoco la Contraloría de Cuentas, ambos entes sin independencia y fuerza real para actuar. En cualquier país todo esto causaría juicio y castigo. Si bien ya llegaron otras 200 mil dosis de las vacunas compradas, esta cantidad es siete veces menor al millón y medio enviadas por Estados Unidos. Al sol de hoy no se sabe dónde están las vacunas rusas faltantes y cuándo vendrán. Un diplomático guatemalteco retirado califica la intervención diplomática como un ‘intento de salvar’ a los funcionarios locales y califica a la actuación de Brolo como “ridículo solemne”, al reflejar “incompetencia alucinante”.