El gobierno participó en un oscuro pacto de otra agrupación de corruptos: Alejandro Giammattei y las autoridades de un ministerio cuyo nombre merecido debería ser “encargado del atraso educativo de las actuales y siguientes generaciones”. La contraparte es el innombrable Joviel Acevedo, quien durante por lo menos cinco gobiernos ha mandado como dictador en el numeroso gremio magisterial del país. Eso lo retrata como verdaderamente es: alguien dispuesto a realizar extorsiones a los presidentes y gobiernos por medio de suspensión de clases —ya de por sí muy escasas debido a los feriados oficiales innecesarios y sin justificación—. La miopía de todos los mandatarios los hace considerar una victoria a la nueva transa con los sindicalistas.

Esta vez, el gobierno demostró su decisión de ocultar sus malas artes y demás acciones maléficas para los estudiantes de primaria y secundaria: acudir a la figura legal —retorciéndola, por supuesto— del compromiso de confidencialidad, para no divulgar los términos de este pacto. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define confidencial así: “dicho de cualquier hecho personal (el subrayado es mío) que no puede ser divulgado o comunicado a un tercero”. No se refiere a asuntos ni decisiones gubernativas, porque el ciudadano tiene el derecho de conocerlas, y el gobierno el deber de informarlas. Entonces, con toda claridad, involucrar a este término como excusa para ocultar información, es ilegal. El primer caso fue la negativa del gobierno de divulgar el costo de las vacunas Sputnik V.

En referencia al secretismo del contubernio Giammattei-Acevedo, esta misteriosa actitud es una admisión tácita de algo oscuro. Acevedo tiene como plan —exitoso para él hasta el momento— el chantaje, la presión mediante amenazas para obligar a alguien a actuar en determinado sentido. Los abogados participantes, en una prueba innegable de falta de conocimiento jurídico o de disposición a aplicar las leyes antojadizamente, intentaron justificar lo injustificable porque fueron los sindicalistas quienes autorizaron la secretividad y con ello zafan la alfombra a sus patrocinados porque esto no es legal. La otra interpretación es aún más simple: hay acuerdos imposibles de revelar porque de alguna manera benefician a los directivos y ello les causaría serios problemas internos.

El sindicato magisterial, salvo cuando quiere hacer estos chantajes, se convierte en sólido aliado de los gobiernos. El actual no es la excepción, aunque salgan un par de veces a hacer algo de bulla y a interrumpir el tránsito vehicular en calles y carreteras. Y este sindicato presenta además el detalle de la inamovilidad de quien ejerce el cargo de la secretaría general, aunque cuando se acerquen elecciones se ha sabido de los intentos de algunos maestros para una alternabilidad en el cargo, a fin de convertir al sindicato en una institución no dedicada a defender a quienes han tenido graves faltas merecedoras de expulsión de las filas magisteriales o a quienes llegan tarde o no se presentan a las clases sobre todo los lunes y en escuelas de los departamentos.

Esta situación tendrá frutos amargos. Maestros mal preparados por las huelgas y tiempo perdido darán malos frutos en el sentido educativo, y ellos a su vez no podrán ser maestros de calidad. Hasta el momento, nunca he sabido de una protesta a solicitud del magisterio para quienes no cumplen las normas. Es la complementación del contubernio entre el gobierno y los beneficiados jefes sindicalistas. Un ejemplo increíble es la promoción automática cuando no ha habido clases, como es el caso del año pasado y de este. El resultado es la estolidez; es decir, falta total de razón. Parece ser una victoria pírrica, pero ni siquiera es eso, porque tampoco se ha logrado nada bueno. Junto con la salud y la alimentación, la educación hace la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda.