La Corte de Constitucionalidad, junto con el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, de pronto conscientes de los 64 días faltantes para el fin del actual gobierno, se han colocado en una veloz carrera de obstáculos para cumplir tareas olvidadas por muy largo tiempo. La CC rechazó ayer el recurso de ampliación presentado por los diputados para atrasar la elección de los magistrados de la CSJ, quienes tienen alrededor de tres años y medio de mantenerse por falta de sustitutos. El Organismo Legislativo tiene ahora 20 días para cumplir esa obligación, luego de haberla retrasado en 249 oportunidades porque su presidencia colocaba el tema en el último lugar de sesiones con agendas sumamente largas.

El asunto se ha complicado aún más a causa de la orden de la CC. El Congreso afirma ahora no tener a mano las sugerencias de la Comisión de Postulación, presentadas hace también tres años y medio, y por ello había pedido la ampliación, pero ahora tiene la fecha conminatoria del 30 de noviembre, cuando finaliza el período de sesiones, o del 15 de enero, si hay extraordinarias. Por aparte, el cambio de Congreso del 14 de enero a las 14 vuelve una incógnita mayor esta situación porque esa nueva legislatura, en buena parte de casos, jamás ha oído los nombres para escoger entre 26 aspirantes para la CSJ y de 135 entre 270 a fin de integrar las magistraturas de todo el país. Esto elimina cualquier duda sobre las causas para esta carrera de decisiones.

No es paranoia pensar en la intención de detener por cualquier motivo el cambio de gobierno. La CSJ tiene una cuestionable legitimidad a causa de su permanencia. La banda presidencial del país puede ser enviada al presidente del Congreso y si el nuevo poder Legislativo así lo decide, realiza las acciones necesarias para declarar nula la primera elección, con el resultado de haber necesidad de elegir una nueva dupla presidencial, ante la ausencia de la ganadora el 20 de agosto. Como expresé en el artículo del miércoles porque no me cabe duda, esta situación llevaría a la presidencia nacional a dos personas derrotadas en cualquiera de las dos vueltas. Nadie habría votado por ellas. La pregunta es ¿para qué realizar un nuevo proceso electoral al terminar el siguiente gobierno, si los comicios son una burla cuando no gana el candidato oficial?

Si se asume esta decisión de la CC como un resultado imposible de cambiar porque las leyes aplicadas no tienen dedicatoria, el análisis adicional necesita dirigir la atención a los resultados de su aplicación, por beneficiar o afectar no a una o varias personas, sino a la nación entera. Terminaría el largo plazo de elecciones con muchos problemas y necesidad de mejoramientos, sobre todo en los últimos cinco casos, pero al menos con la posibilidad de los ciudadanos para votar a favor de un nuevo aspirante, aunque se le desconozca, con tal de evitar la llegada de un político rechazado cuya trayectoria y/o imagen sea aún peor. Si se hace un refrán popular, diría “más vale lo malo aunque sea desconocido, que lo peor, precisamente por ser ya muy conocido”.

A consecuencia de toda esta serie de sorpresas, no existe realmente una seguridad del cambio de gobierno según lo votaron los participantes en la segunda vuelta. Esto provoca efectos personales en la desesperanza y en la lamentación por la forma como ha llegado Guatemala a convertirse en un paria internacional, con la posibilidad ya ahora no tan lejana de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos, aunque se le permita permanecer en la Organización de las Naciones Unidas. Cerrarse a la ciega posición de rechazar la vergüenza de esto colocará como mínimo a nuestro país por atrás de Haití y será en vano cualquier esfuerzo estatal o privado por eliminarlo. Una vez ocurrido eso, son impensables, pero seguras, las consecuencias infernales.