La incapacidad de entender la magnitud de las cifras millonarias es una de las características de quienes llegan a puestos políticos sin experiencia alguna y con modesto nivel económico, educativo, cultural, además de desinteresados en salvaguardar su nombre porque “la vergüenza pasa y el pisto se queda en casa”. El nivel de corrupción de este gobierno, los miembros de su banda delincuencial y también de quienes ejercen cargos ediles en todo el país se manifiesta prácticamente todos los días. A causa de ello, con justificada razón los ciudadanos desconfían de cualquiera de las decisiones tomadas, de los nuevos engendros jurídicos siempre con dedicatoria, siempre con mala fe, siempre con el fin de “legalizar”, aunque sea de manera absurda, el pillaje contra el país.

El “Congrueso”, auténtico redil de irresponsabilidad y corrupción debido a la mayoría oficialista, tiene lugar destacado en el desprecio ciudadano. La última razón se encuentra en los Q3,100 millones autorizados al Ministerio de Comunicaciones para “fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica”. Al ser citado por la minoritaria y por ello impotente oposición, el funcionario no pudo dar respuestas coherentes y por su parte el viceministro Javier Monterroso confesó algo ya sospechado: los proyectos no están definidos y fueron colocados por los diputados. La Cámara de la Construcción pide procesos transparentes —imposible, por supuesto— y señala la falta de supervisión, causante de obras como el libramiento de Chimaltenango.

Es notorio el incalificable papel de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, famosa por ser uno de los peones más descarados de Giammattei, a quien debe su actual e inmerecido puesto. Ha sido ponente de los últimos proyectos de ley, todos proclives a la corrupción, y por eso su lugar en la historia es algún rincón oscuro. Participó, junto con la mayoría cuasi criminal de los diputados oficialistas y de quienes navegan con bandera de independencia pero apoyan al gobierno por razones puramente numismáticas, en la autorización de los Q3,100 millones. Esto equivale a gastar un millón de quetzales diarios por diez años y medio. Se comprueba la incapacidad de estos politiqueros de entender el significado y largas consecuencias de sus acciones corruptas.

Causa asco enterarse de la forma como los diputados responsables y el ministro se tiran la pelota y se acusan de ser los padres de semejante monstruo. Ni siquiera tienen la gallardía y el valor de enfrentar los cuestionamientos periodísticos y las críticas a través de las columnas. Ahora no se sabe de esa paternidad vergonzante, con el resultado de no poderse saber quién fue, pero sí del malgasto de dinero y la forma desordenada y caprichosa como serán escogidas y presupuestadas. No tardarán en aparecer asfaltos de caminos para llegar a las propiedades malhabidas, como ya ha ocurrido, y tampoco tardarán en ser firmados contratos con la parentela de los funcionarios, como es el caso de la diputada, aunque su caso no es el único. Lejos de eso, abundan.

A nadie puede escapar un detalle terrible: todo este dinero es fundamental para el financiamiento —lícito solo cuando no hay más remedio— de las campañas electorales pro oficialistas. Los comicios se encuentran a solo un año, un mes y veinte días (25 de junio de 2023, con segunda vuelta el 20 de agosto). Debido a los tres meses de posibilidad de propaganda, el oficialismo tiene a su favor prácticamente todo. Si algún opositor surge o se consolida, el Tribunal Supremo Electoral se encargará de limpiar el camino. Las acciones del concubinato entre gobierno e instituciones del Estado son parte de un plan siniestro —avieso, malintencionado, infeliz, funesto y aciago— y demuestran el afianzamiento de la actual debacle del país, solo negada por quienes se benefician.