Catalejo

Peligros claros en la nueva ley anti ONG

Mario Antonio Sandoval

Una organización no gubernamental es cualquier entidad cuyos fondos no vienen del Estado ni son parte de este. En un país donde las carencias son tan grandes, la tarea de estos grupos ciudadanos ayudan al cumplimiento de las labores estatales y por eso deben ser aceptadas y fomentadas. Pero ello no implica la existencia de normas y divisiones: la primera es su nacionalidad y su actuación en el país donde han sido organizadas y funcionan, casi siempre con calidad infinitamente superior a la de las entidades gubernativas, por desgracia sujetas a los vaivenes de la peor politiquería, con los graves efectos de corrupción, ineficiencia y demás. La mala fama obtenida por las ONG en Guatemala se debe a las inaceptables acciones de organizaciones extranjeras.

Nadie puede negar el beneficio de la labor humanitaria del voluntariado de ciudadanos guatemaltecos, presente desde hace décadas. Los Bomberos Voluntarios, los patronatos y un largo etcétera son vehículos donde se canaliza el deseo de servicio de hombres y sobre todo mujeres para ayudar a determinados sectores necesitados de mejorar su salud, su educación y demás. Al atacar de un plumazo a las ONG en general, el Congreso de este período comete una tropelía similar al fiasco de beneficiar delincuentes como resultado no imaginado de la aprobación apresurada de una ley cuyo fin era beneficiar al pacto de corruptos del congreso pasado. Ciertamente, el país debe defenderse de los grupos financiados desde el extranjero con dineros provenientes de los impuestos.

Existe demasiada facilidad para integrar una ONG. Cualquiera puede hacerlo y por eso, cuando se trata de defenderlas, calzan con su firma de apoyo una serie de grupos muchas veces conocidos solamente por sus integrantes. El primer paso debe ser regular su fundación y permisos de trabajo. Puede hablarse de “ONG fantasma”, primas hermanas de las plazas fantasma. Cualquiera puede integrar una y luego salir a la defensa crítica de alguna decisión gubernativa o de otra entidad no gubernamental. Pero la aprobación de la ley tiene algunas características causantes de sospechas: la prisa y nocturnidad de su preparación, y el desconocimiento de quiénes están detrás.

El lenguaje de estas leyes debe ser claro, sin lugar a interpretaciones. La vaguedad de frases como “alterar el orden público” permite a cualquier gobierno o funcionario acusar de este delito a quien exprese una opinión no cien por ciento de acuerdo con la verdad oficial, una de las verdades de cada suceso. Poniendo un ejemplo, quien rechace el llamado a la subversión popular hecho por Nayib Bukele está “alterando” ese “orden”. Constituye una forma de demostrar tendencia hacia el autoritarismo, la monarquía absoluta. Debe ser rechazado y por eso no tiene sentido el llamado al diálogo del presidente Giammattei, sin previamente rechazar la decisión del inexperto presidente salvadoreño, cuyo disparate afecta los intentos de unidad económica centroamericana.

Los gobiernos piden el beneficio de la duda y el plazo tradicional es de 90 días. Han pasado apenas 30 días, y ya esta intentona ha abierto las puertas a la preocupación y la desconfianza ciudadanas. Si el presidente Giammattei ha buscado y logrado el apoyo del pacto de corruptos, no puede después quejarse. Las reformas a la ley de las ONG debe ser consensuada, tomando en cuenta los criterios de la mayor cantidad posible de sectores. El grupo de gobierno comienza a mostrarse como una amenaza para la democracia, aun tan imperfecta como la guatemalteca. La tentación de rechazar las críticas no ayuda en nada al Gobierno, cuyo desprestigio está comenzando a aflorar. Esta es una ocasión para justificar el veto presidencial, no el apoyo a las malas intenciones.