Durante buena parte de los años sesentas y setentas, los guatemaltecos conocieron de las migraciones masivas en busca de trabajo, de paz, de seguridad, sobre todo, en relación con sus vecinos mexicanos. Pero, a partir de la década de los ochenta, en parte en relación con los conflictos armados de algunos de los países de Centroamérica, los guatemaltecos comenzaron a emigrar por necesidad.

Esas migraciones se produjeron en diversas direcciones. Unos migraron de ciertas áreas rurales hacia la ciudad de Guatemala que, después del terremoto de 1976, vio un asentamiento humano tras otro instalarse en terrenos de propiedad del Estado o de sus entidades y, en algunas ocasiones, en propiedades de particulares. En unas cuatro décadas se fueron convirtiendo en barrios populosos, generalmente con muy pocos servicios. En ellos, así como en otras ciudades del país y en ciertas regiones rurales, la vida se tornó intolerable para sus habitantes. Las oportunidades de trabajo o de salir adelante fuera del marco de la precariedad de la economía informal fueron siempre escasas. El crimen y las pandillas llamadas “maras” se enseñorearon de todos esos barrios y regiones y, mientras tanto, los órganos públicos iban cayendo, casi al mismo paso, en una mezcla de pérdida de competencias e incremento de la corrupción.

Otro fenómeno asociado a las migraciones, hasta alrededor de la década de los noventas más bien insignificante, ha sido el de “las remesas”. Casi sin poder creerlo, los guatemaltecos han venido siendo informados por los medios de comunicación social de una imparable cadena de récords. Las remesas del exterior superaban los 500 millones de dólares anuales, luego los mil millones, luego los 10 mil millones de dólares … No pocas empresas de los sectores de cambios y financiero han hecho jugosas ganancias como intermediarios de esos flujos de divisas a lo largo de unas tres décadas. Los reportajes sobre cómo la economía de regiones enteras del occidente del país se sustenta en las remesas se han ido sucediendo uno tras otro.

Quizás como consecuencia de todo ello, quizás porque era lo políticamente correcto o, en fin, para ganar la siguiente elección, los poderes públicos que intervienen en la firma y ratificación de tratados internacionales han ido sujetando a la República a una serie de instrumentos internacionales directa o indirectamente relacionados con el fenómeno de las migraciones. Así, en el derecho guatemalteco, los migrantes tienen derechos. Eso, por supuesto, no significa que cualquier persona que se presente en una frontera, indocumentada y manifieste que es su voluntad inmigrar a Guatemala o transitar por su territorio como migrante, puede, automáticamente, hacerlo. Pero todo Estado —y el guatemalteco también— tiene la obligación de determinar las circunstancias en las que una persona reclama el estatus de migrante y, en caso de que deba reconocérsele esa condición, tiene el deber de tratarlo, como dice la Carta de Derechos de los Migrantes Internacionales, con dignidad.

Eso es lo que todos los guatemaltecos quisieran que otros Estados hagan con sus migrantes, tratarlos con dignidad. Por supuesto, el fenómeno de la migración internacional es complejo y ningún Estado —ni los más ricos y poderosos— puede enfrentarlo individualmente. Así, al asistir a los lamentables acontecimientos de la caravana de migrantes hondureños que intentaron transitar por Guatemala, pienso que tanto este país como Honduras y los EE. UU. debían haber procurado articular un plan que evitara la forma violenta como se desarrolló este grave incidente que, desafortunadamente, será recordado con amargura e indignación por muchos hondureños, y guatemaltecos también.