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¿Quién defiende a los iraníes de su propio gobierno?
La tiranía iraní masacró a miles de sus ciudadanos; la intervención militar de Estados Unidos e Israel abre la puerta a la libertad de 90 millones de personas.
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La Agencia Internacional de Energía anunció la liberación récord de 400 millones de barriles de crudo para contener el impacto de la guerra. Irán —ya con Mojtaba Jamenei, hijo del dictador asesinado, como nuevo líder supremo— sigue minando el estrecho de Ormuz y lanzando misiles contra vecinos que jamás lo agredieron. La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero sacude al mundo. Pero la pregunta más importante es: ¿tenían derecho a actuar?
Los seres humanos nacen libres y ningún régimen tiene derecho a encadenarlos, ni en nombre de Dios ni de la “revolución”.
Antes de los bombardeos, el régimen ya libraba una guerra contra su propio pueblo. Las protestas que estallaron el 28 de diciembre del 2025 se extendieron a las 31 provincias de Irán. La respuesta fue un baño de sangre. Según la Human Rights Activists News Agency, al menos 7,015 manifestantes fueron asesinados y confirmados con nombre. Las estimaciones más altas sitúan la cifra entre 30,000 y 36,500 muertos. Más de 41,800 personas fueron arrestadas. ¿Qué tipo de “república” ejecuta a sus ciudadanos por protestar contra la inflación?
Todo régimen que concentra el poder político y económico en una sola autoridad termina por recurrir a la violencia para sostenerse. La “república” islámica encarna esa advertencia. El líder supremo controla los tres organismos por medio del Consejo de Guardianes. ¿El resultado? Una economía asfixiada, su moneda en caída libre y un gobierno que responde al descontento con balas.
El argumento central de Washington y Jerusalén es sólido: un gobierno que masacra a decenas de miles de sus ciudadanos y financia redes terroristas en Gaza, Líbano, Yemen, Siria e Irak representa un peligro concreto para todo el mundo si accede a un arsenal atómico. ¿Quién frena a un dictador que mata a su población con impunidad? No su parlamento amañado. No la comunidad internacional, que durante 47 años emitió comunicados mientras los ayatolás consolidaban su poder y oprimían a su población.
Reconocer la legitimidad moral de la intervención no significa ignorar sus costos. El estrecho de Ormuz está minado y bloqueado. Irán atacó a Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar, Jordania, Chipre y Turquía. Más de 1,300 civiles iraníes han muerto, según Teherán. Siete militares estadounidenses perdieron la vida. Los combustibles suben en Guatemala y en el resto del mundo. Pero debemos considerar lo que no se ve: las armas nucleares que el régimen habría completado, los ataques terroristas que habría financiado y los miles de iraníes que habría seguido asesinando en silencio detrás de un apagón de internet.
Nuestro propio gobierno ofrece una lección de lo que no debe hacerse. La cancillería guatemalteca emitió un comunicado tibio que pedía “máxima moderación” a ambas partes, como si existiera equivalencia moral entre quienes masacran a los manifestantes y quienes buscan desarmar su programa nuclear. Luego condenó los ataques iraníes contra vecinos árabes, pero omitió mencionar los ataques contra Israel. Esa ambigüedad no es neutralidad: es cobardía disfrazada de diplomacia.
La guerra contra la tiranía iraní tiene aristas complejas y un desenlace incierto. Pero hay una verdad innegable: los seres humanos nacen libres y ningún régimen tiene derecho a encadenarlos, ni siquiera en nombre de Dios o de la “revolución”. Los iraníes que gritaron “¡libertad, libertad!” en las calles de Teherán y celebraron con fuegos artificiales la caída de Jamenei merecen construir su propio destino.
La lección para Guatemala y para el mundo es la misma que Frederick Hayek formuló hace ocho décadas: “La libertad no es un lujo de naciones ricas; es la condición indispensable para que cualquier nación prospere”. Defenderla no es una opción: es una obligación moral.
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