El nombramiento de Consuelo Porras, para sorpresa de nadie, ha causado reacciones fácilmente previstas al tomar en cuenta las acciones y decisiones previas a esa escogencia presidencial, indefendible por sus vergonzosos efectos y consecuencias para la imagen de Guatemala en el mundo, el gobierno, la inversión extranjera y un alargado etcétera. A lo interno se rechaza la manera de haberla metido a empujones a la lista de los aspirantes y ya está teniendo como resultado un cambio en la mayoría silenciosa del país, desinteresada en la politiquería, pero consciente de los efectos, evidentes cuando al hacer un análisis basado en el simple sentido común —a veces poco común— hay riesgo de una conversión del desinterés por un rechazo activo y profundo.

Nadie puede ignorar, sin provocar carcajadas, la importancia de Estados Unidos —y la Unión Europea— en la vida nacional, aunque esto no significa olvidar los hechos indefendibles de su accionar como imperio, sobre todo durante la olvidada Guerra Fría, pero no es el tema. Tampoco se puede olvidar la posición ideológica de grupos actuales, como Semilla y hasta la URNG, con espacio dentro del panorama político y causantes de temor en algunos círculos por considerarlos capaces de adquirir poder aunque en las elecciones hayan logrado muy poco. Ahora tienen posibilidad de divulgar críticas innegables, de la misma manera como lo hacen sus antípodas presentes en el Congreso y en organizaciones de defensa ideológica, violenta y contra la Historia.

Cuando ocurrió el golpe de Estado de 1982, hace 40 años, tres horas después de ocurrido ese rompimiento constitucional se conoció la reacción de rechazo del Departamento de Estado. Esta vez, a cinco horas del anuncio de la “sorprendentísima” decisión presidencial llegó un documento similar. Esto demuestra la importancia otorgada a la cooptación de los tres poderes del Estado, y las críticas ya incluyen un llamado a “revertir el retroceso” por ser “un paso atrás” arriesgar la lucha contra la corrupción, correctamente considerada como el peor de los males para una democracia tampoco defendible ni sólida desde hace muchos años, tema con el cual coinciden varios analistas de la realidad nacional provenientes de distintas ideologías y criterios.

Son ilustrativas las declaraciones de Stephen McFarland, ya retirado exembajador en Guatemala, donde con denuedo combinó las instrucciones recibidas con su amplio conocimiento del país, al haber estado varios años en otros puestos locales antes de asumir. Esto le dio ventaja sobre sus colegas. Como exdiplomático señala con cuidado asuntos espinosos, con mucha elegancia en español, idioma de su dominio. Entre sus frases: “Estados Unidos debería preparar sanciones económicas”, “El gran desafío político es si el Estado seguirá cooptado por el crimen organizado y el narcotráfico”. “La solución concierne a los guatemaltecos y EE. UU. no tiene mucho que hacer”. Esta última, sobre todo, permite saber si habrá algún beneficio del país y de la verdadera democracia.

A las críticas de Washington se han unido las de la Unión Europea e Inglaterra. Es ceguera considerarlas efecto de alguna facción ideológica rechazada por las élites económicas nacionales, porque nacen de la multiplicidad de ilegalidades del gobierno, buen heredero del anterior. A los guatemaltecos conscientes esta imposición abre los ojos respecto de las acciones previas, durante y después de las elecciones. Las decisiones gubernativas deben ser analizadas como parte de un plan cuidadosamente preparado, no de ocurrencias, aunque a veces los gesticulantes discursos improvisados así lo hagan parecer. Tomados todos los poderes del Estado y el TSE, el siguiente paso será la escogencia de quién será declarado ganador, también contra viento y marea.