Creo que uno de los contrasentidos más evidentes en la propuesta presidencial de la reforma constitucional sobre la conformación de los órganos judiciales es el procedimiento propuesto para la designación de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En efecto, en el esquema propuesto se prevé que, de los 15 magistrados, tres sean designados por el presidente en Consejo de Ministros, tres sean electos por el Congreso de la República, tres sean electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, tres sean electos por los decanos de las facultades de Derecho de la Usac y de seis universidades privadas, y otros tres por los magistrados “de salas”. La designación sería por un plazo de 10 años.

Opino que esto constituye un contrasentido porque, de un modo u otro, todos los electores ahí propuestos han estado involucrados en lo que puede denominarse un tráfico sistemático de influencias en relación con la postulación y elección de los magistrados de los tribunales colegiados y de la CSJ.

No me refiero a las personas que, específicamente, ocupen esos cargos en este momento, sino a los grupos o instituciones en los que, en general, operan. Todos ellos han mostrado tener intereses en conflicto o ser permeables por grupos que tienen intereses en conflicto con una justicia independiente e imparcial.

Entre todos los problemas o debilidades de índole institucional de Guatemala del último medio siglo, el más grave, creo yo, ha sido y es ese tráfico sistemático de influencias para adquirir parcelas de control en el Poder Judicial. Esto se ha investigado por expertos nacionales e internacionales, ha sido objeto de numerosos estudios y publicaciones y de señalamientos en la vía diplomática contra Guatemala por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

Pero, además de todo eso, ese tráfico de influencias es un secreto a voces, es objeto de pesquisas de índole criminal (las más recientes en relación con el señor Alejos Cámbara) y, en pocas palabras, es una vergüenza nacional. Una vergüenza que hace más pobres a los guatemaltecos, se traduce en violaciones constantes a los derechos humanos, ahuyenta a los inversores serios y formales y que mancha moralmente a las élites de este país.

Por eso me pregunto: ¿Cómo es posible que el presidente proponga una reforma constitucional para reproducir los mismos conflictos de interés —con cambios de forma pero no de fondo— que han dado lugar a los vicios ya señalados?

Solo puedo imaginar que, con base en lo que sus asesores han opinado y recomendado, finalmente ha optado por una propuesta considerada políticamente viable que, quizás, pudiera suponer algunas mejoras de forma y cosméticas respecto del actual sistema, cuya descomposición ya es escandalosa.

¿Cuál es la alternativa? Una alternativa puede ser la conformación de una comisión oficial para el estudio y propuesta de una reforma del sistema de justicia de la República, basada en los principios generales del Derecho y en los estándares y prácticas reconocidas a nivel mundial como conducentes a una justicia independiente y eficaz. Una comisión integrada por guatemaltecos respetables, independientes de la política partidista, ajenos a los grupos de presión y a los sectores interesados que, a la luz del escrutinio ciudadano y después de un amplio debate público, entreguen una propuesta cuidadosamente formulada y sólidamente justificada. No me cabe la menor duda de que un esfuerzo serio, transparente y oficialmente reconocido sería respaldado por todos los guatemaltecos de buena voluntad y por la comunidad de las naciones que han hecho propio el ideal del Estado de derecho.