Estados Unidos
Ideas
¿Sitio a las maras o a los ciudadanos?
Afortunadamente, el sistema de pesos y contrapesos todavía medio funcionó.
|
La sangre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) todavía estaba fresca sobre el asfalto el domingo 18 de enero cuando el Ejecutivo, acorralado por su propia ineficacia, optó por la salida más estrepitosa y menos técnica: decretar un estado de sitio en todo el territorio nacional, lo que no se daba desde principios de la década de los 80 del siglo pasado. Apenas unos días antes, el Gobierno se jactaba de estar retomando el control del sistema penitenciario; sin embargo, la realidad, que suele ser la némesis de la demagogia, respondió con 13 ataques simultáneos coordinados desde las mismas cárceles que supuestamente ya estaban bajo control. La respuesta oficial fue un despliegue de fuerza bruta legal que castiga a los inocentes por los crímenes de otros.
El estado de sitio nacional es una confesión de impotencia, como bien lo indicó, en su momento, el diputado Bernardo Arévalo.
Imponer a nivel nacional el grado más severo de excepción constitucional —antes de la guerra— para resolver un problema que se centra principalmente en el departamento de Guatemala y en ciertos centros carcelarios es un error de diagnóstico. Como tributarios, financiamos un aparato de seguridad que nos falló en su función primaria: la protección de la vida y la propiedad. En lugar de asumir su responsabilidad, el Gobierno transfirió el costo de su fracaso a la ciudadanía, restringiendo derechos constitucionales a millones de personas que nada tienen que ver con el Barrio 18. Se pudo optar por un estado de prevención o, a lo sumo, de alarma focalizada en las zonas rojas; en cambio, se eligió restringir al país entero.
Afortunadamente, el sistema de pesos y contrapesos todavía medio funcionó. El presidente Arévalo se extralimitó en los alcances originales del decreto, intentando restringir derechos que no guardaban relación alguna con la crisis de seguridad. Fue el Congreso el que, al ratificar la medida, le enmendó la plana y colocó candados indispensables, además de corregir errores de concepto, como que el decreto dependiera de que los mareros se “autodeterminaran” como tales. Este episodio confirma la advertencia de que los gobernantes aprovecharán cualquier crisis para maximizar su poder discrecional, si no existen límites institucionales férreos.
El impacto de esta crisis sobre la economía es devastador e inmediato. La Gremial de Restaurantes reportó una caída del 55% en la afluencia comercial tan solo el primer día de la crisis. La violencia, por sí sola, funciona como un impuesto invisible sobre la actividad productiva; añadirle la incertidumbre de un estado de sitio mal diseñado es asfixiar a quien genera riqueza.
En Guatemala, el tributario termina pagando tres veces por su seguridad: paga impuestos supuestamente con el objetivo primordial de tener seguridad. Paga luego servicios de seguridad privada para tratar de reducir los riesgos que el Gobierno debería minimizar, pero no lo hace, y, en muchos casos, debe también pagar la extorsión de las maras, para evitar ponerse en riesgo él, su familia y sus empleados. Y ahora, además, debe correr con un cuarto pago, que es el costo de oportunidad de una economía sitiada por su propio Gobierno.
Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino oficinas del crimen donde los incentivos están perversamente alineados: los guardias ganan más colaborando con los criminales que cumpliendo la ley. Decretar un estado de sitio no cambia esa estructura de incentivos; simplemente otorga poderes extraordinarios a las mismas instituciones infiltradas que permitieron que el Barrio 18 se armara hasta los dientes bajo custodia oficial. Es absurdo esperar que la suspensión de garantías constitucionales resuelva un problema de corrupción interna y falta de inteligencia criminal. El estado de sitio nacional es una confesión de impotencia, como bien lo indicó, en su momento, el diputado Bernardo Arévalo.
ESCRITO POR:
