Mal empieza el penúltimo mes del año. Ayer se conocieron dos hechos diversos, relacionados con la reunión del presidente electo, Bernardo Arévalo, y varias agrupaciones, tanto indígenas como del sector privado, a fin de realizar el Plan para la Democracia, pero al mediodía una entidad poco conocida, “Autoridades indígenas ancestrales de Iximulew”, anunció para hoy y mañana un plan para sitiar la ciudad. Daniel Pascual, conocido activista indígena del Comité de Unidad Campesina (CUC), con una trayectoria de acciones ilegales, anunció ayer frente a la Corte de Constitucionalidad una acción coordinada para sitiar la capital, al impedir el ingreso por dos carreteras. Esto abre la puerta a la violencia en las calles, autorizada por la Corte de Constitucionalidad.

Una posibilidad de no realizarse la amenaza es el incremento del frío y del clima lluvioso porque la depresión tropical frente a las costas salvadoreñas se convierta en huracán de características impredecibles. De lo contrario volverá entonces la tensión en la capital y los muy serios problemas de todo tipo –sociales, económicos, de traslado a trabajos, hospitales y al aeropuerto, con el aumento agregado de reducción de viajes turísticos— así como de las pérdidas para los pequeños y medianos empresarios de toda clase. Tal decisión reducirá aún más, desde mi punto de vista, al apoyo citadino inicial, y de hecho divide en dos a las diversas entidades indígenas del país, lo cual a la vez complica la situación política nacional a partir de la sorpresiva segunda vuelta.

Bernardo Arévalo acordó dicho plan con los 48 Cantones de Totonicapán, comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango; municipalidades indígenas de Sololá, Nebaj y Utatlán; alcaldes comunales, 14 comunidades y Cocodes de San Cristóbal Toto., Cámaras de Comercio, de Turismo y de Alimentos y Bebidas, Centro de Acción de la Responsabilidad Social Empresarial, Buró de Convenciones y Consejo Nacional Empresarial. Por aparte, al grupo de Pascual se unen Congecoop, Conavigua y las poco conocidas: Alianza política de mujeres; Asamblea social y popular, asociaciones Agims, comunitaria Serjus, de forestería Utz Che, Femenina para el desarrollo de Sacatepéquez, Maíz y vida, Maya Ux Be, de la Media Luna, Chicaj; Asociación La Cuerda y Bufete para pueblos indígenas.

El gobierno también hizo una nueva jugada en el avance de su anunciado y poco sorprendente plan de eliminar a Semilla, partido ganador del Organismo Ejecutivo, y dio el siguiente paso en esa dirección al dejar a su personería jurídica en un lapso suficiente para declararlo fuera oficialmente. Poca duda puede caber acerca del fin de esa agrupación política, con el resultado de dejar al presidente sin la posibilidad de presentar proyectos de ley (de todos modos jamás autorizados aunque hubiera partido) y de esa forma demostrar incapacidad de gobierno. Los exsemillistas se convertirían en diputados arevalistas, integrantes de un grupo “privado”, por decirlo así, fuera de las comisiones en el Congreso, y de la “instancia de jefes de bloques”, más bien de capos de chanchullos.

Lo ocurrido ayer demuestra la cantidad de sorpresas, desagradables o no, escondidas en el panorama durante los 74 días faltantes para el 14 de enero. La totalidad de guatemaltecos preocupados por el incierto futuro nacional, tan relacionado con el de la zona centroamericana, necesitan estar pendientes de los acontecimientos. Cada vez se duda menos de la entrega de mando, ya sea en persona o enviada vía interpósita mano, pero aumenta con celeridad la certeza de la oposición sistemática al próximo gobierno, con sus consiguientes efectos para la población. Sin embargo, es un error darse por vencido. La voz nacional no debe ser entendida como el apoyo a una persona o a un partido, sino como al respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.