La tecnología me permitió recibir un mensaje con la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sugerida por el TSE. A mi juicio, tiene una trampa: deja abierta la posibilidad de sugerencias de personas e instituciones nacionales, pero al dejar como fecha máxima de recepción el 15 de noviembre, esto de hecho reducirá la cantidad de sugerencias y también dejará abierta la posibilidad a no comentar nada, a guardar silencio y con ello a permitir la aprobación de un proyecto legal preparado por una institución cuya importancia es cada vez menor a causa de las acciones realizadas en los últimos años. Por eso, quienes deseen sugerir algunos de los urgentes cambios deben enviar de inmediato sugerencias reducidas a su mínima expresión.

En 2016, el TSE emitió un informe de 25 páginas sobre las propuestas de reforma de aquel momento, el cual era larguísimo, de estilo alambicado, sin relación con la realidad nacional y que dejaba sin cambios los principales motivos de la tragedia nacional de las elecciones como se han realizado en las dos últimas veces. La primera de ellas era hablar de la “profundización de la democratización” de los partidos políticos, lo cual supone su existencia y su calidad de democracia interna, lo cual simplemente no existe. No dice nada para la creación de estos. Ahora, hay simples hordas politiqueras creadas alrededor de un líder autoproclamado, a la vez financiero, como es el caso de Mario Estrada, actualmente preso en Estados Unidos por relación con narcotráfico. El oficialista FCN Nación no gira alrededor de una persona, sino de un grupo mínimo con intereses oscuros.

Muchas de las indicaciones del TSE eran realmente solicitudes irreales, sin posibilidad práctica, aunque en teoría sean aceptables y necesarias. Esa imposibilidad la da la permanencia de esos grupos sin representación nacional, simples bandas de gente con intereses inconfesables, o con la idea de un regreso en la historia. Por ejemplo, la limitación a una sola reelección, pero un período intermedio, o la “incompatibilidad” del cargo de secretario general con la postulación a cargos de elección popular. En vez de eso debería simplemente prohibirse. De esa manera se borra la posibilidad de interpretaciones, amparos y otros artilugios legales convertidos en motivos para aumentar el actual desprestigio del sistema político del país.

Hay temas necesitados de explicación, de permitirle a la ciudadanía conocer cómo lo interpretan. Ejemplos, la participación igualitaria de las mujeres y de los indígenas. Esa crítica no debe interpretarse como rechazo al sector mayoritario de la población. Se debe tener cuidado con la obligación de porcentajes de cualquier grupo ciudadano, porque ello trae la entronización de gente incapaz y sin deseo de participar en política. A esto también se tiene derecho, pero los derechos no pueden convertirse en imposiciones ni obligaciones, porque una de sus principales características debe ser la voluntariedad. Sería inaceptable obligar a personas de determinado rango de edad a participar dentro de un partido, como candidatas a puestos públicos. La política aceptable no funciona de esa manera. Las cuotas solo funcionan en sociedades políticamente motivadas.

Es interesante la sugerencia de revocar los cargos de elección popular, de reducir el número de diputados y dejarlos serlo solo una vez. Por eso, el TSE necesita urgentemente, si la intención es buena, reducir el texto de su propuesta, eliminar el barroquismo del lenguaje, y en el caso de la propaganda electoral, eliminar la potestad de decidir cuánto cobrarán los medios para divulgar anuncios políticos. Por aparte, referirse a las encuestas, pues la ausencia de este tema hace pensar en el deseo de eliminación. En suma, de nuevo el TSE demuestra su poca capacidad, por la cual la propuesta esconde varias trampas. Claro: seguramente los magistrados no se han dado cuenta de ello. Haciendo lo mismo con la misma gente no se pueden lograr cambios positivos.