Más que apostarle a algún candidato, quisiera que cualquiera que sea el ganador se decantara a liderar un programa de acción ejecutiva y legislativa que cambie la dirección del país. En mi opinión, empieza por comprender que la condición de pobreza no se define por lo que las personas no tienen, sino por lo que no producen. La condición indispensable para mejorar el nivel de vida es la capacidad productiva y no me canso de insistir, esto solo se logra aumentando de manera sostenida el capital invertido por trabajador.

Guatemala necesita invertir, por lo menos, Q10 mil millones al año, durante 15 años, en infraestructura vial y puertos con tecnología de punta. Estas son las venas de la actividad productiva. Sin esta inversión, a pesar de la envidiable posición geográfica, es pura fantasía hablar del país como un centro logístico y vibrante plaza comercial. El presupuesto 2019 del Gobierno contempla Q3,500 millones recaudados en impuestos a combustibles y no se invertirá ni siquiera eso. Una cantidad igual se puede conseguir eliminando numerosas secretarías y programas gubernamentales que solo inflan la burocracia y el clientelismo, sin generar beneficio para la sociedad. El otro tercio puede provenir de inversión privada, creando los incentivos y certeza jurídica apropiados.

Al contrario de los consejos de Cepal y la ONU, un país pobre no se puede dar el lujo de gravar progresivamente el capital. Reducir el ISR a 5% para personas individuales y 10% máximo a empresas, con el compromiso de mantenerlo así durante 15 años, enviaría una poderosa señal a la inversión. Sería conveniente crear una fuerza de tarea, con recursos ya existentes, para detectar y eliminar obstáculos a la producción y el comercio, incluyendo licencias, autorizaciones y regulaciones —principal misión del Ministerio de Economía—.
Empezar con una orden contundente desde arriba, estamos para facilitar, no para obstaculizar a quien quiere producir. Por cierto, conviene una ley de valores que promueva el desarrollo del mercado de capitales, pulmón de la inversión e impulsor de una sociedad de propietarios.

El sistema de educación pública, en todos los niveles, necesita abandonar el modelo centralizado y clientelar en favor del vale educativo, quitando el control de los recursos a la burocracia y los sindicatos, para dárselo a las comunidades y organizaciones de padres de familia. Purgar los textos y materiales educativos de contenido ideológico y político y concentrarse en la formación para una vida productiva.

Liberar completamente la educación privada. Las carencias de servicios de salud que sufre la población no tienen solución bajo el esquema actual de salud pública. Hay que descentralizar, crear vales de servicios médicos y proveer más servicios preventivos. Es indispensable desmonopolizar el IGSS para que surja competencia; en mi opinión esto puede hacerse en el corto plazo con ingeniería contractual, sin necesidad de cambiar la Constitución. Lo que más contribuye a erradicar la desnutrición infantil y problemas de salud es elevar el nivel de vida, que regresa a lo irreductible, inversión para generar empleo. Hay mucho por hacer; es necesaria una reforma al sistema judicial que fortalezca la independencia de jueces y simplifique el engorroso, lento e ineficiente andamiaje procesal. Es una tarea titánica, pero posible.

No podemos escoger entre el estancamiento y el progreso de manera abstracta, solo podemos optar por acciones concretas que conduzcan a uno u otro desenlace. Seguir en la misma ruta no debiera ser opción, cualquiera que sea el ganador.